El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que los conflictos sociales y políticos de país repercutieron en la organización de las elecciones del pasado 7 de junio, debido a que 53 mil ciudadanos tuvieron que ser tomados de la fila el día de la jornada electoral para improvisarse como funcionarios de casillas, la cifra más alta en los comicios de los últimos años.
De acuerdo con el informe sobre Integración de Mesas de Casilla y Capacitación Electoral, los márgenes más altos de ciudadanos capacitados que faltaron el día de la jornada electoral ocurrieron en Guerrero y Michoacán, ambas entidades con índices elevados de violencia y presencia del narcotráfico, así como Baja California Sur, donde afectó la llegada de un huracán.
El informe indica que “de los 745 mil 434 funcionarios que integraron las mesas directivas de casilla, el 7.7% de los funcionarios fueron tomados de la fila”, es decir, más de 57 mil ciudadanos fueron improvisados el día de la jornada electoral para recibir y contar los votos.
En comparación con la elección presidencial de 2012, existe un crecimiento de 4% en el número de ciudadanos que fueron tomados de las filas para improvisarse como funcionarios de casillas, porque en aquellos comicios sólo fue el 3%.
Sobre el impacto de la seguridad y la violencia durante la votación, el informe señala que “la exposición mediática de la violencia fue otro factor que influyó de gran manera en la percepción de la ciudadanía de lo que ocurriría en día de la jornada electoral, y dicho fenómeno se presentó en casi todas las entidades, pero con un mayor impacto en zonas como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas y Estado de México”.
El INE concluye que “fue común que los ciudadanos visitados manifestaran su rechazo a la invitación que hizo el Instituto, argumentando, entre muchas razones, unas de carácter social, y otras de carácter político, económico, e incluso factores climatológicos”.
Descomposición social
Incluso, revelan que la ciudadanía utilizó a los capacitadores electorales como si “fuera un canalizador de demandas ante los municipios o delegaciones, pues se quejaban de que no había trabajo o el desempleo, el servicio de limpia, el alumbrado público, que el dinero no alcanzaba; todos aquellos componentes económicos que influyen directamente en el bolsillo de los ciudadanos”.
Los trabajadores del órgano electoral se enfrentaron a la “descomposición social manifiesta en los meses recientes, que influyó de manera determinante para que el ciudadano decidiera no participar, ya sea por la presencia del crimen organizado o por manifestaciones sociales que pudieran tornase violentas”.
Sobre el informe, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que “la percepción sobre el funcionamiento de la democracia que ha disminuido en los últimos años, como se ha mencionado, y por otra parte la actitud crítica de la sociedad respecto de partidos políticos, de la política y también de las instituciones, ambos, aparecen como factores adversos, que quedan fuera del ámbito de responsabilidad, al menos por lo que hace a la capacitación electoral, eventualmente, caen en el ámbito de la educación cívica de esta autoridad electoral”.