Todavía no se declara válida la elección del pasado 7 de junio, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) ya analiza su proyecto de presupuesto 2016, en el cual, según el consejero Benito Nacif, estiman solicitar a la Cámara de Diputados tres mil millones de pesos para los partidos políticos.

 

El consejero electoral y presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos adelantó que el proyecto de presupuesto 2016 del INE será aprobado a finales de agosto para enviarlo a la Cámara baja, según declaraciones durante la emisión del programa Justicia electoral a la semana, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

 

Nacif abundó que aunado a los recursos por tres mil millones de pesos, los partidos políticos con registro local también recibirán financiamiento de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) para sus actividades ordinarias. Y en el caso de las 12 entidades donde habrá comicios en 2016, les entregarán los recursos correspondientes a las campañas electorales.

 

El consejero electoral aclaró que este año, a pesar de que tres nuevos partidos lograron su registro, el monto de financiamiento para sus actividades ordinarias no aumentó, “en el proceso electoral pasado creció el número de partidos de siete a 10, porque se registraron tres nuevos, pero la bolsa de recursos fue la misma y se distribuyó nada más entre un mayor número de partidos políticos”.

 

Recordó que en 2015 se destinaron cinco mil millones de pesos para el financiamiento tanto ordinario como de campañas y actividades específicas de los institutos políticos.

 

Para el próximo año, a reserva de las determinaciones del tribunal electoral, la bolsa de tres mil millones de pesos podría repartirse entre ocho fuerzas políticas debido a que el Partido del Trabajo y el Partido Humanista están en riesgo de perder su registro.

 

Para Benito Nacif, el financiamiento público que se otorga a los partidos desde la década de los años 70, busca garantizar la independencia de la política y una democracia más sana, con el objetivo de evitar la corrupción electoral.

 

Indicó que la Constitución establece una fórmula para el cálculo del financiamiento público de los partidos políticos y determina que éste se debe realizar a partir del número de personas inscritas en el Padrón Electoral y con base en el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.