La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 26/2015 en contra del gobierno de Nuevo León y al Comisionado Nacional de Seguridad por su responsabilidad en el caso de un hombre que pasó dos años, nueve meses y 19 días de más encarcelado.
Este caso comenzó el 21 de septiembre de 2002, cuando el sujeto ingresó al Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, acusado de delitos contra la salud. En primera instancia se le inició una averiguación previa por posesión ilegal de marihuana y clorhidrato de cocaína, además de venta de marihuana.
En principio, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Nuevo León lo sentenció a 10 años de prisión, comenzando el conteo de días desde el día en que ingresó a Topo Chico.
El caso en su contra no quedó ahí, pues el 13 de junio de 2005 (todavía encontrándose recluido), se le inició otra causal penal por posesión de marihuana con fines de venta, de la cual fue sentenciado por Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con sede en Nuevo León a pasar otros siete años y seis meses en la cárcel.
Aunque en total las sentencias sumadas dictaban que este hombre pasara 17 años y seis meses tras las rejas, promovió dos recursos para la reducción de las penas, los cuales fueron declarados procedentes por dos juzgados de distrito en materia penal.
La primera sentencia fue reducida de 10 años a cuatro años y seis meses, esto el 24 de junio de 2010 por lo que se daba como cumplida; pese a ello siguió en la cárcel para cumplir la segunda sentencia, que también fue reducida a tres años y seis meses, por lo que debía de quedar libre el 29 de octubre de 2010.
A pesar de las resoluciones judiciales, no sólo se le privó de su libertad al hombre, sino que el 3 de abril de 2012, más de 17 meses después de la fecha en la que debió ser liberado, fue trasladado de Topo Chico al Centro de Readaptación Social de Seguridad Máxima Laguna del Toro del Complejo Penitenciario Islas Marías, donde permaneció hasta el 18 de julo de 2013.
Después de la investigación, la CNDH determinó que este error se debió a la falta de actualización del expediente judicial del recluso. Por esto, el que el organismo exige tanto el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, como al Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, la reparación del daño, además de que se comience una investigación para determinar posibles responsabilidades penales por la omisión.
En la recomendación, también se instruye al gobernador la creación de un registro o sistema integral de información, que permita conocer en forma precisa la situación jurídica de las personas del fuero federal internas en los centros de reclusión de esa entidad.
Mientras, al comisionado se le instruye la implementación de un programa de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, derecho penitenciario y disciplinas afines a éstas a los servidores públicos de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.