PEKÍN. En plena tempestad por su gestión sobre el devastador siniestro sucedido el miércoles, que de momento ha causado 112 muertos y al menos 95 desaparecidos, así como más de 700 heridos, el Gobierno del país asiático pretendió dar dos golpes de efecto.

 

Por una parte, el Tribunal Supremo, supeditado al Partido Comunista al no haber independencia judicial, anunció que se ha puesto en marcha una investigación sobre lo ocurrido.

 

“Investigaremos posibles actos ilegales, tales como abuso de poder, negligencia en las obligaciones o cualquier práctica que constituya un delito”, anunció la corte en un comunicado.

 

Hasta ahora, ningún miembro del Gobierno o de la compañía propietaria del almacén, Ruihai International Logistics, ha sido considerado responsable, pero la corte añade que “cooperará con las autoridades locales para reunir pruebas y asistir en futuras operaciones”.

 

El anuncio surge después de que medios locales se hayan hecho eco los pasados días de posibles irregularidades, como que la compañía no disponía de licencia para almacenar químicos peligrosos o que la terminal donde ocurrieron las explosiones y el incendio se hallaba más cerca de áreas residenciales de lo que permite la ley, entre otras infracciones.

 

El director de la compañía, Zhi Feng -de quien se dijo que pudiese estar vinculado a la alcaldía de Tianjin, información que no ha sido confirmada-, y otros empleados fueron puestos bajo custodia policial inicialmente, sin que se sepa si continúa.

 

Otro hecho que llamó la atención fue que Gao Huaiyou, subdirector de seguridad laboral de Tianjin, declarara el viernes que no se podía determinar qué almacenaban los contenedores, entre otros motivos debido a “serias contradicciones entre la documentación de la empresa y los registros de los clientes”.

 

Sin que hubiese habido confirmación previa sobre su existencia, que hasta entonces se calificaba de “posible”, Shi Luze, portavoz del comando militar de Pekín, declaró que los equipos de rescate están limpiando centenares de toneladas de restos de cianuro de sodio, altamente tóxico, que quedan en el almacén destrozado.

 

Añadió que utilizan peróxido de hidrógeno para neutralizar la toxicidad del cianuro y que se han detectado “niveles seguros de gas perjudicial” cerca del epicentro.

 

Hábitos de censura

 

Mientras, la Administración del Ciberespacio de China censuró 50 páginas web, bien de forma temporal o permanente, por “crear el pánico publicando información sin verificar o permitir a sus usuarios divulgar rumores infundados”.

 

Estas web se suman a las 360 cuentas de redes sociales como Weibo -el Twitter chino- y Wechat -similar a Whatsapp- que fueron ya censuradas por la supuesta divulgación de rumores “nocivos”, dijo ese mismo organismo.

 

Pese a la eliminación de estos contenidos y a la puesta en marcha de la investigación judicial, la sensación de desconfianza continúa presente en Weibo, donde un usuario llamado Zhang escribe:

 

“El primer ministro y el presidente Xi han prometido emplear todos los esfuerzos para salvar vidas y han pedido castigos severos a todos los responsables, pero, ¿dependerá la definición de castigo de la identidad del culpable?”.