El CAIRO. Egipto cuenta desde ayer con una nueva ley antiterrorista que amplía los casos punibles con pena capital, establece cortes especializadas en casos de terrorismo con atribuciones como para realizar juicios rápidos, proporciona protección legal a militares y policías y dicta desorbitadas multas a aquellos periodistas que discutan la versión oficial de los atentados que sufre el país.
El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, ratificó esta legislación, que había ordenado redactar como consecuencia de los graves enfrentamientos entre las fuerzas militares y los militantes en la Península de Sinaí, así como por el asesinato del fiscal Hisham Barakat en un atentado con un coche bomba, en junio pasado.
Los medios egipcios enfurecieron al aparato militar luego de que informaron, citando a oficiales de seguridad y a testigos anónimos, que decenas de tropas habían sido asesinadas en el ataque al Sinaí, mientras que las cifras oficiales informaban solo sobre 21 soldados muertos.
La norma, de 54 artículos, incluye pena de muerte o cadena perpetua por actos de terrorismo, el cual es definido de modo bastante amplio. Incluso “promover ideas que llamen a la violencia”, y puede acarrear un castigo mínimo de diez años de prisión.
Para el consejero legal de la ONG Red Árabe para la Información de Derechos Humanos, Ahmed Qimawi, la nueva ley es anticonstitucional y “su objetivo básico no es solo combatir el terrorismo sino cualquier acto pacífico que pueda ser contrario al régimen u opuesto a alguna cuestión concreta”.
En declaraciones a Efe, Qimawi expuso que las definiciones incluidas en la ley son “generales”, por lo que se puede aplicar a cualquier grupo o persona, incluidos los partidos políticos o las organizaciones civiles.
“De manera global supone la imposición de un régimen personalista y la inauguración de un régimen tiránico”, concluyó el activista, que instó a buscar una solución política al terrorismo y no insistir en estrategias centradas en la seguridad.
La recién aprobada legislación también estipula que la irrupción o el intento de entrar en cualquier sede gubernamental, de seguridad o judicial, o en oficinas de misiones diplomáticas u organizaciones internacionales con el fin de cometer actos terroristas serán sancionados con un mínimo de diez años de cárcel y hasta cadena perpetua.
En cuanto a los puntos relacionados con la libertad de expresión, la ley indica que toda persona que incite a la violencia o cometa un crimen terrorista por palabra, escritura o cualquier otro medio, de manera directa o indirecta, se enfrentará a un mínimo de cinco años de cárcel.
La prensa también se ve afectada de forma directa por el artículo 35, que condena la publicación de noticias que no sean “verídicas” sobre “cualquier operación terrorista” y que “contradigan de alguna forma las informaciones oficiales difundidas por el Ministerio de Defensa”.
Las personas implicadas deberán pagar una multa de entre 25 mil 500 y 63 mil 700 dólares, respectivamente), un castigo que reduce el previsto inicialmente en el proyecto de hasta dos años de cárcel, que generó mucha controversia.
La ley contempla, asimismo, cambios en el proceso judicial al permitir a la fiscalía y las autoridades encargadas de las investigaciones interceptar cualquier información emitida a través de cualquier medio y en cualquier lugar, durante los treinta días posteriores a la comisión de un crimen terrorista.