El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que el decálogo presentado por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia ha quedado sin efectos, por lo que hizo un llamado a que se trabaje en una nueva política criminal, acorde a la situación que vive el país.
En entrevista con 24 HORAS, el líder parlamentario aseguró, además, que tras la fuga del narcotraficante, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, es urgente una renovación de las cadenas de mando y sanciones penales para los responsables que permitieron que se perpetrara esta huida.
¿Qué balance tiene en el Senado? ¿Cuáles fueron los logros y los pendientes?
Fue un año legislativo que cuando inició hubo quienes dijeron que después de las reformas constitucionales y las nuevas leyes secundarias de 2014 no iba a ver legislación qué aprobar, pero fue un año muy intenso. Particularmente sobresalen dos asuntos que van a caracterizar este año legislativo: transparencia y combate a la corrupción. Fue un año que tuvo muchos temas importantes, pero creo que esos dos asuntos son los que van a dominar la caracterización del trabajo llevado a cabo en este año.
Se atendieron de manera oportuna los asuntos que son de interés nacional. Sin embargo, la sociedad tiene puesta su atención en temas como transparencia y combate a la corrupción, pero también en el tema de seguridad pública, que es además uno de los pendientes.
¿Qué detuvo el tema de seguridad y justicia promovido por el presidente Enrique Peña Nieto?
Seguridad Pública es un tema que no se resolvió por falta de voluntad, no del Legislativo sino del Ejecutivo. Cuando presentó el presidente Peña su decálogo sobre seguridad pública y Estado de Derecho, las fuerzas políticas vieron con beneplácito esta iniciativa y plantearon una serie de modificaciones a la propuesta.
El propio grupo parlamentario del PRI admitió que era necesaria la modificación de la propuesta pero nunca pusieron sobre la mesa, un documento ya diferente al que se había recibido de manera inicial por el presidente Peña.
Lo generado en Iguala el 26 de septiembre (de 2014), con la desaparición de estudiantes normalistas, generó todo una coyuntura política y el Ejecutivo la quiso desahogar a través de una propuesta, pero no hubo de parte del propio Ejecutivo una posición de construir un documento intermedio, no lo hubo, y no hubo interés de poner sobre la mesa la construcción de una propuesta que aglutinara la opinión de las fuerzas políticas.
Pero hoy, más allá de eso, sobre todo después de la fuga de El Chapo, que evidencia la penetración del crimen organizado al sistema penitenciario, al sistema policial, de procuración de justicia y al sistema de inteligencia, esa propuesta que se recibió incompleta queda ya muy acotada, lo que obliga al Ejecutivo a pensar en una nueva propuesta sobre seguridad pública y Estado de Derecho.
Se requiere una nueva política criminal para el país, un rediseño del sistema penitenciario, del sistema policial, del sistema de inteligencia en México.
¿En qué ejes debe estar basada esta nueva política criminal?
Hoy los hechos evidencian una descomposición del sistema penitenciario, del sistema policial y del sistema de inteligencia, nos llevan a una definición ineludible, la estrategia de combate al crimen o la política criminal en México fracasó.
No vemos disminución de la violencia, no vemos nosotros que las diferentes regiones del país estén exentas del crimen organizado, el propio Michoacán donde se dejó recursos ilimitados para ello, en Guerrero no vemos que haya un saneamiento.
Tiene el gobierno que presentar una nueva estrategia de política criminal, que esté sustentada en muchos elementos, pero sobre todo en la limpieza de las policías. Mientras no se limpie a las policías no vamos a tener un sistema policial efectivo, eficaz, está viciado. Todo es una labor complicada, pero es lo que tenemos que hacer.
¿De plano es un fracaso?
Hay un rotundo fracaso de la política criminal, pero no vemos responsables…
no se trata solamente de ubicar quiénes son los responsables de la fuga de El Chapo y de señalarlos, se trata de que les finquen responsabilidades de toda índole, no sólo las políticas que corresponden a su destitución, sino las penales que corresponden a la complicidad. No se trata solo de ver que la policía no detenga criminales, si no de saber cuáles son las relaciones de complicidad que hay con ellos, para actuar.
No se trata de que se vea cómo se comete un delito, que se vea cómo se trasgrede la ley, se trata de que la ley se cumpla. De lo que estamos hablando es que la cultura del cumplimiento de la ley es muy frágil, hay en México una cultura de la impunidad.
¿Las autoridades están haciendo lo propio, particularmente en el caso de El Chapo, para evitar que el caso quede impune? ¿Por qué no ha habido responsabilidades empezando por el secretario de Gobernación, en quien se concentraron todas las funciones de seguridad pública?
¿Ve voluntad para la recaptura de El Chapo?
Después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, la mayoría de la gente esperaba decisiones y hasta hoy no las vemos, por eso yo salí diciendo que la recaptura era lo prioritario, pero una recaptura en que tiempo, orientada esa opinión más que a la recaptura, porque la recaptura es tan improbable, los mecanismos de traslado de un lugar a otro son verdaderamente extensos.
El plazo que yo puse (antes del 1 de septiembre) es para que se tomen decisiones ¿hasta qué nivel de la línea de mando del sistema penitenciario, del sistema de inteligencia, del sistema policial mexicano, tuvieron conocimiento de que se preparaba la fuga? ¿Hasta qué nivel pudieron estar involucrados? no los sabemos y no hay forma de determinarlo, por eso se tiene que remover a toda la cadena de mando.
¿Remover incluso a los titulares del Cisen y Gobernación?
La cadena de mando de todo el sistema penitenciario, el sistema policial mexicano y el sistema de inteligencia mexicano.
¿Por qué la iniciativa del Presidente en materia de seguridad y justicia ya no es viable?
Tanto el PAN como el PRD planteamos las visiones que teníamos respecto a los tres ejes fundamentales de la propuesta del decálogo. Particularmente sobre la iniciativa de seguridad y justicia.
Que desaparezcan las policías municipales a raja tabla, sin distinción de que municipio se trata eso es absolutamente desproporcionado. Una autoridad que no tiene una fuerza coercitiva, que es la policía, deja de ser autoridad, se desnaturaliza. Un mando único implica una coordinación de policías, no la desaparición de las municipales y la formación de 32 policías estatales.
¿Fue desproporcionada la propuesta?
En el tema de la desaparición de las autoridades municipales, por indicios de que estén penetradas por el crimen organizado, lo planteamos de manera diferente para que sea el Senado el que lo evalúe y envíe ese planteamiento a los congresos locales, que son los competentes a disolver, en todo caso, los poderes municipales, pero no que el Ejecutivo sea capaz o competente para disolver autoridades municipales, porque eso es afectar un principio como el Federalismo.
Yo insisto, el gobierno tiene que presentar ya una nueva estrategia de política criminal.
Presenta informe de actividades
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa Huerta, aseveró que el Legislativo, se ha consolidado como un poder maduro y de pluralidad, que ha dejado de estar subyugado a los otros Poderes de la Unión.
Al presentar el Informe del Tercer Año de Actividades de la Mesa Directiva en la LXII Legislatura, el líder parlamentario, asentó que fue la relación de pleno respeto, principalmente entre el Congreso y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo que hizo posible la consolidación de las llamadas reformas estructurales, las cuales sucedieron a numerables debates donde permeo la pluralidad y el consenso.
“Hasta hace muy poco tiempo, el Poder Legislativo estaba subyugado (…) La división de Poderes no es la confrontación de Poderes. Debe ser la colaboración, coordinación y control entre los mismos. La Mesa Directiva en este tercer año de ejercicio desarrolló su labor entendiendo de manera clara este marco, mantuvo la comunicación y relación institucional con el Poder Judicial y con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Tuvo el Senado una relación de respeto, de colaboración y diálogo entre poderes”, sostuvo.