La PGR debe entregar en versión pública de las averiguaciones previas en las que se consignó por el delito de genocidio al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, así como a otras personas, por la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y la masacre del 10 de junio de 1971, conocida como halconazo.
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó lo anterior a la Procuraduría General de la República (PGR) al resolver el recurso de revisión 1021/15 y con ello revocar la reserva de 12 años que la PGR había impuesto a estas averiguaciones iniciadas en el sexenio de Vicente Fox, desde la desaparecida Fiscalía Especializada para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), el 18 de septiembre de 2005 .
En primera instancia, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales respondió a un particular que las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002 todavía siguen abiertas, y por ello, las reservó por un período de 12 años.
Al argumentar su proyecto, la comisionada presidenta Ximena Puente señaló como improcedente la respuesta de la PGR “en virtud de que dichas averiguaciones previas se abrieron por la Comisión del Delito de Genocidio”.
Los comisionados procedieron a realizar el análisis del proyecto de Puente el cual precisa que a pesar de que las averiguaciones previas son información reservada, en este caso se actualiza el supuesto de excepción establecido en la Ley de Transparencia, ya que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigaciones de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
En su oportunidad, el comisionado Oscar Guerra Ford aseguró que existen participantes del Movimiento del 68, que aún están en búsqueda de respuestas a un hecho que si bien fue trágico, abrió la democratización del país. “Es importante que la gente sepa que el acceso a la información, sirve también para hacer efectivo el derecho a la verdad de los acontecimientos históricos”.
El comisionado Joel Salas Suárez, consideró además que no es posible continuar con la denegación sistémica de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño de las víctimas de desaparición forzada.
“La creciente violencia que vive el país, obliga a que se establezca un control ciudadano de las instituciones de seguridad, a través del derecho a la verdad y la rendición de cuentas”, apuntó.