El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el establecimiento de una Política Nacional Penitenciaria, con cinco puntos, y de un Comité Evaluador del Sistema Penitenciario.

 

Durante la reunión plenaria del consejo, celebrada en Palacio Nacional bajo la dirección del Presidente de la República, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, dio a conocer los detalles de estos acuerdos.

 

En lo que respecta a la Política Nacional Penitenciaria señaló que se trata de una estrategia de cinco puntos encaminados a mejorar el control y manejo de las prisiones.

 

El primero es consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria, que cuenta con información de un millón y medio de personas, entre procesados, sentenciados y excarcelados, incluyendo los 255 mil presos en la actualidad.

 

Segundo, estandarizar, optimizar y homologar los protocolos de actuación en las 392 cárceles del país (22 federales, 297 estatales y 74 municipales), para lo cual se pedirá el apoyo del Comité de Normatividad de la Conferencia Nacional Penitenciaria.

 

También se establecerá el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Penitenciario, para fundar una carrera profesional en las prisiones donde los ascensos se realicen con base en capacitación y desempeño.

 

El cuarto punto consiste en diseñar e implementar un Modelo de Certificación de Penales, que a su vez tendrá seis ejes: seguridad y protección; orden y disciplina; programas de actividades; atención médica; justicia y derechos humanos; administración y gestión.

 

El quinto punto consiste en crear un Programa de Reinserción Social, con base en lo establecido en el Artículo 18 Constitucional.

 

Por lo que al Comité Evaluador del Sistema Penitenciario, Monte Alejandro Rubido planteó que será un mecanismo encargado de monitorear el buen funcionamiento de todos los aspectos de las prisiones en el país.

 

Estaría integrado por un órgano administrativo en el que participaría el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como autoridades federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representantes de la Sociedad Civil y académicos.