El tráfico de combustible en México tiene sus días contados porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entidad dotada de facultades ampliadas de control y fiscalización por la Reforma Energética, combatirá directamente el fenómeno a partir de 2016, informaron hoy sus responsables.
Entre otras medidas, la CRE establecerá un sistema de registro estadístico de transacciones comerciales que será obligatorio a partir del año próximo para las estaciones de servicio.
“No es un invento nuestro, hay reguladores en el mundo que ya lo hacen y el propósito es ir a combatir el tráfico de combustible ilícito”, aclaró Luis Alonso Marcos González de Alba, secretario ejecutivo de la CRE, durante su participación en Expogas 2015.
Este evento es organizado por la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), que cuenta con 54 empresas afiliadas en México.
Según los cambios legales, los propietarios de estaciones de servicio, gasolinas y diesel deberán tener tramitado un permiso ante la CRE.
“Hoy tenemos solo 7,500 solicitudes. Falta el 50 % y solo se cuenta con tiempo antes del inicio de 2016“, detalló. La CRE cuenta por ley 90 días para otorgar los permisos.
El 1 de enero próximo el empresario gasolinero que no cuente con este permiso no podrá operar y se expone a multas de hasta 30 millones de pesos (1.7 millones de dólares).
Lo que se busca a mediano plazo es generar transparencia para los usuarios.
“Queremos que el ciudadano pueda encontrar en la página de la CRE mapas con todas las estaciones de servicio y los precios a los que ofrecerán sus combustibles. Eso se hará efectivo a partir de 2018”, afirmó González de Alba.
Los nuevos controles afectarán a toda la cadena, incluyendo a los almacenistas, transportistas o distribuidores.
El objetivo es que todas las transacciones se realicen a través del portal oficial de la CRE.
“Ustedes (gasolineros) van a saber que el combustible se los provee alguien cuyo combustible está registrado, que tiene su permiso en regla y que el combustible tiene origen lícito”, aclaró González de Alba.
A su vez la CRE detectará e impedirá las posibles prácticas monopólicas que pueden incidir en un control de precios de los combustibles.
También el Servicio de Administración Tributaria garantizará la transparencia en las gasolineras, ya que a partir de 2016 todas las transacciones quedarán registradas con un código similar al que poseen las facturas y reportes del SAT.
Las autoridades fiscalizadoras cruzarán datos de los llamados controles volumétricos, ya que ahora sólo los recibe el SAT y la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que con la reforma del presidente Enrique Peña Nieto perderá un monopolio de casi 80 años sobre el sector.
La autoridad tributaria también autorizará los software que registran los controles.
“La idea es que no se puedan borrar, alterar la información o manipular los controles volumétricos”, indicó en Expogas 2015 Nicolás Gutiérrez, administrador central de Inteligencia Tributaria de Impuestos Internos del SAT.
Las sanciones por alteraciones en los programas informáticos serán de al menos 35.000 pesos (2.000 dólares) y pueden llegar, en caso de reiteración, a penas de hasta 3 años de cárcel.
El 99.4% de las gasolineras ya han migrado al sistema que permite a Pemex recibir los reportes de controles volumétricos cada 24 horas y que el SAT fiscaliza cada 30 días.
De los 200 millones de litros de gasolina y diesel que se comercializan a diario en las estaciones de servicio en México, el 30 % es combustible robado en las llamadas “ordeñas”.
De acuerdo con un análisis emitido por la Fiscalía del país en 2009, el 80 % del combustible robado a Pemex tiene como destino probable su propia red de distribuidoras.
Además, desde 2010, el crimen organizado encontró en el robo de combustibles una fuente inmediata de financiamiento para compra de armamento, vehículos y el pago de nóminas.
El fenómeno se ha convertido en una amenaza para la industria energética y para la seguridad pública en estados como Tamaulipas, Jalisco y Veracruz.
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