A fin de fortalecer la coordinación entre los niveles de gobierno en materia de seguridad pública, el senador Benjamín Robles Montoya propuso modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ello, explicó, con el objetivo de que los Consejos Locales e Instancias Regionales cuenten con mayor definición en su quehacer, participación y responsabilidad en la materia.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que presentó una iniciativa que también busca fortalecer el federalismo sin diluir la esencia centralista de la administración pública en materia de seguridad pública.
“Es decir, buscamos dotar a los gobiernos estatales de un papel de mayor relevancia en su participación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública otorgándoles facultades para ello a través de los Consejos Locales e Instancias Regionales”, detalló.
La propuesta plantea añadir tres párrafos al Artículo 38 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establezcan los métodos para permitir a los Consejos Locales e Instancias Regionales someter a discusión y aprobación los lineamientos para su organización y funcionamiento.
Asimismo, planteó que la presidencia de los Consejos Locales recaiga en los gobernadores de cada entidad y en el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes podrían nombrar y remover libremente a su secretario ejecutivo.
Además la reforma pretende que los Consejos Locales y las Instancias Regionales tengan como invitados permanentes a dos representantes del poder Legislativo que corresponda para cada entidad y el Distrito Federal.
De esta manera las funciones de los Consejos Locales e Instancias Regionales quedarían homologadas con las del Consejo Nacional de Seguridad Pública establecidas en el artículo 14 de la mencionada ley.
La seguridad pública es una responsabilidad del Estado y son las instancias que lo conforman las que deben trabajar de manera permanente en la construcción de acciones para su cumplimiento.
Ante los índices de inseguridad en el país, “necesitamos aceptar que las enmiendas deben de comenzar desde la implementación de políticas públicas que establezcan los mecanismos para poder abatir la problemática y no tomar decisiones por la premura y gravedad de los hechos”, enfatizó.