El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, afirma que luego de detectar las denuncias del fotoperiodista Rubén Espinosa, activaron un protocolo para su protección, el cual no tuvo respuesta por parte de organismos defensores de comunicadores.
Del caso Ayotzinapa, sostiene que el MP ya tomó declaración de militares del 27 Batallón, de Iguala, y que de acuerdo con el panel de expertos de la CIDH, los soldados no tienen ninguna responsabilidad en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal rural Raúl Isidro Burgos.
¿Cómo evalúa nuestro país en materia de los derechos humanos?
Hay un compromiso del gobierno para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, estamos trabajando en las regiones donde se mantienen condiciones de violencia y este es el gran reto que tenemos en el país, conciliar la solución de los problemas de violencia.
¿Qué avance hay el caso Iguala?
En el caso de los estudiantes de Iguala, de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los elementos del 27 batallón del Ejército mexicano, una parte muy importante de ellos, declararon ya en el proceso de investigación, lo hicieron como testigos, es decir, ya hay en el expediente las declaraciones de los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
¿Detecta algún indicio de posible responsabilidad?
De acuerdo con lo que dijo uno de los expertos de la Comisión Interamericana no hay ningún elemento para apuntar alguna responsabilidad a los miembros del Ejército mexicano. Éste es un asunto de la mayor importancia, porque no es una apreciación nuestra, es una apreciación del grupo que respondió a una pregunta, y donde se afirmó que no se ha encontrado ningún elemento para plantear alguna responsabilidad que tenga que ver con el Ejército mexicano, de manera concreta con el batallón militar.
¿Es viable que los expertos puedan entrevistar a los soldados?
Particularmente en este caso hay necesidad de apegarse a la legalidad, particularmente con una serie de consideraciones que tienen que ver con los elementos de defensa de uno de los principales acusados.
¿Qué implica esto?
Implica que, quien puede realizar estas diligencias es el Ministerio Público. Los propios expertos han aceptado que no podrían tener esta diligencia en términos formales.
¿Por qué motivos?
Porque en derecho positivo mexicano, que tenemos que respetar, es al Ministerio Público la autoridad correspondiente.
¿Qué facultades legales tiene esta comisión?
Si revisamos el mandato que tiene el grupo de expertos en materia internacional encontramos que tienen una serie de atribuciones, como la de analizar y revisar el caso, pero cuando se refiere al término ‘actuar’, se refiere como coadyuvante del Ministerio Público. Esas son las razones que nosotros hemos planteado, junto con el grupo, con la que tenemos, y me importa mucho decirlo, una relación de respeto.
¿Con qué frecuencia se reúnen con las autoridades federales?
Las autoridades de la Procuraduría General de la República se reúnen constantemente con el grupo de expertos, no sólo para apoyarlo en sus diligencias, sino para revisar sus recomendaciones, que en una gran proporción se incorporan en sus tareas.
¿Y con ustedes en la secretaría de Gobernación?
Nosotros también trabajamos permanentemente con ellos, sobre todo en la relación con las víctimas. Puedo decir que hemos avanzado en la recomposición de la relación con los familiares a partir de la iniciativa del grupo, al grado que el secretario Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con los familiares y con los representantes del centro de los derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y el Centro de la Montaña Tlachinollan.
Se habla de la existencia de prendas de vestir que se ocultaron…
Si de algunas prendas, de la existencia de esta ropa; se ha planteado una cadena de custodia a cargo de la Procuraduría General de la República. La ropa estaba en la fiscalía de Guerrero y se está trabajando ya para que el laboratorio que investigó los restos hallados en el río de Cocula haga una revisión de la ropa. Incluso, uno de los expertos es probable que acompañe esta cadena de custodia a la Procuraduría para llevar estas prendas al laboratorio de la Universidad de Innsbruck.
Y también de algún video….
Por lo que hace a este vídeo hay en la averiguación un planteamiento de que pudo haber algún vídeo desde el palacio municipal de Iguala y entiendo que se entregó al Poder Judicial. No tengo más referencia de esto.
¿Se prepara alguna actualización sobre este caso?
La parte la parte que nos corresponde, además de compartir con la Cancillería y con la Procuraduría General de la República, es todo el proceso que tiene que ver con los expertos de la Comisión Interamericana y la atención a víctimas.
Pero el asunto en este momento está en la mesa de los jueces, ya ni siquiera la Procuraduría General de la República; la PGR aportará más elementos, entiendo que en estos momentos son algo así como 130 tomos, que se vienen actualizando, pero el asunto está en manos de un juez y, probablemente también, nos corresponde a nosotros -a la Secretaría de Gobernación, la relación que tienen los expertos de la Comisión interamericana con la Policía Federal para atender líneas que se han venido planteando para completar temas de la investigación que no fueron en su momento suficientemente abordados.
¿Qué opinión tiene sobre la carta que firmaron intelectuales para pedir atención a la violencia contra periodistas?
Bueno, los planteamientos de la carta son coincidentes con los reclamos de la sociedad mexicana, también exigen que no haya impunidad en el multihomicidio en la colonia Narvarte, donde perdieron la vida cinco personas. La exigencia es de garantías, de protección y defensa de periodistas y defensores de los derechos humanos, no es un asunto que se pueda aislar de lo que se ha planteado también en México.
¿Hasta dónde la subsecretaría de los Derechos Humanos ha participado en este caso?
Nosotros estamos involucrados en el caso del multihomicidio prácticamente desde el siguiente día de los hechos. El domingo (dos días después de los hechos) estábamos ya trabajando con la Procuraduría y, por la instrucción del presidente Enrique peña Nieto, trabajamos para garantizar que no haya impunidad.
Hay la convicción de que la Procuraduría del Distrito Federal tiene suficiente capacidad para hacerse cargo de la investigación, además de ser una institución independiente de cualquier línea de investigación, que están abiertas todas. Nosotros tenemos la instrucción precisa de eficientar el mecanismo para garantizar que se cumpla con esta tarea, una tarea que tiene que ver con la libertad expresión que es un elemento indispensable en cualquier democracia.
¿Ha tenido algún acercamiento con el gobierno de Veracruz?
Hay comunicación desde hace varias semanas, incluso, a través del monitoreo obtuvimos información sobre la salida del fotoperiodista Rubén Espinosa. La semana pasada tuve una comunicación, por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el gobernador Javier Duarte de Ochoa. También recibí al fiscal de Veracruz, es decir, estamos trabajando con ellos.
¿Tuvieron algún acercamiento con el periodista Rubén Espinosa y con la activista Nadia Vera ante sus denuncias?
Nosotros tuvimos 15 días antes de estos hechos del multihomicidio en el Distrito Federal, información en el monitoreo sobre la salida de Rubén Espinosa, ahí iniciamos un protocolo. Aunque para que se incorpore el mecanismo a favor de un periodista o un defensor de los derechos humanos se requiere de su voluntad, y esto no sólo es un requisito en México sino en todos los mecanismos que existen en el mundo, para ser incorporado a un mecanismo de protección. Activamos un protocolo y enviamos comunicados a la Procuraduría de Veracruz, la Procuraduría General de la República y prendimos un foco, este es un protocolo para avisar que estamos atendiendo el asunto.
Al mismo tiempo, nos acercamos organizaciones de defensores de periodistas donde también comentamos que habíamos encontrado este asunto y pedimos que se acercaran con el periodista para ofrecerle los servicios del mecanismo. Debo decir que esto no sucedió.
¿Por qué no sucedió?
El mecanismo de protección ha tenido una serie de cuestionamientos desde su arranque en 2012, pero puedo decir que hoy está protegiendo a 419 personas, 247 defensores de los derechos humanos y 172 periodistas. Todos ellos llegaron al mecanismo argumentando una situación de riesgo, todos ellos fueron evaluados, y decidieron aceptar las medidas del mecanismo.
¿En qué consiste este mecanismo?
En los casos donde la evaluación resultó con una calificación alta, se habilitan escoltas, incluso, algún vehículo blindado, un teléfono satelital o vídeo vigilancia en sus casas, protección perimetral en los lugares donde viven, o donde trabajan.
¿Y en los casos donde la calificación es menor?
Ellos pueden tener un botón de pánico o beneficiados con rondines de revisión permanente. Puedo decir que el día de hoy, durante los últimos 12 meses, no ha habido ningún incidente grave que tenga que ver con estos 419 casos. Estamos haciendo un esfuerzo para eficientar el mecanismo.
¿Tienen algún acercamiento con la organización Artículo 19?
Claro, permanentemente. En la junta de gobierno del mecanismo hay cuatro representantes gubernamentales y cuatro representantes de la sociedad civil, son dos defensores de los derechos humanos y dos defensores de periodistas, y ahí está presente Artículo 19. Trabajamos de forma permanente y de manera conjunta para garantizar esquemas que permitan el trabajo eficaz en el mecanismo.
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