CÚCUTA. Al menos 751 colombianos, de los cuales 139 son menores de edad, fueron deportados a su país desde Venezuela, tras el cierre de la frontera y las medidas de excepción ordenadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

 

Las 751 personas están siendo atendidas en Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, limítrofe con las ciudades venezolanas de Ureña y San Antonio, en el estado Táchira.

 

Del total de deportados 514 han sido realojados en albergues habilitados en Villa del Rosario, un municipio cercano a Cúcuta, según los registros oficiales divulgados por los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores.

 

Las otras 237 personas se han trasladado directamente a sus hogares en Colombia, agregó la información.

 

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, llegó a Cúcuta para encabezar junto a su colega de Interior, Juan Fernando Cristo, los trabajos de un Puesto de Mando Unificado creado por el Gobierno para hacer frente a la crisis humanitaria causada por el cierre de la frontera.

 

Los dos ministerios informaron además de que un total de 146 menores que viven en Venezuela han podido asistir a sus clases en Colombia a pesar del cierre de los pasos fronterizos entre Norte de Santander y Táchira, que son los más activos entre los dos países.

 

De ellos, 56 pasaron por el puente internacional Simón Bolívar y 90 por el puente Unión de Puerto de Santander, otra localidad colombiana limítrofe con Venezuela.

 

El puente internacional Simón Bolívar fue cerrado la medianoche del pasado miércoles por orden de Maduro, inicialmente por un periodo de 72 horas, que posteriormente extendió de forma indefinida, después de que tres miembros de la fuerza armada venezolana y un civil resultaran heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.

 

Luego del cierre de la frontera, Maduro decretó el pasado viernes el estado de excepción en el estado de Táchira por 60 días prorrogables y fruto de esta decisión empezaron a llegar a Cúcuta decenas de colombianos deportados por estar indocumentados, según las autoridades del país vecino.