SAN SALVADOR. El país más pequeño de Centroamérica, El Salvador, libra una guerra contra el enemigo más grande de la región: las pandillas. Con el fallo de la Corte Suprema que declaró que las pandillas y quienes las apoyen y financien son terroristas, los tribunales de justicia podrán imponer a los pandilleros penas severas de hasta 60 años de cárcel, y la Fiscalía General buscará extraditar a los Estados Unidos a los condenados por actos de terrorismo.
En algunos delitos contemplados en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, se podría aumentar hasta en una tercera parte del máximo señalado.
La sentencia suscrita por los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte concluyó que “son terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado”.
Agregó que “sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas en sus diferentes grupos y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones), lavado de dinero, narcotráfico o de otra índole”.
El Fiscal General Luis Martínez dijo que al lograr condenas por actos de terrorismo podrán extraditarlos a Estados Unidos, país que aseguró, persigue a todos los terroristas.
Precisamente, Martínez informó ayer que capturaron a un grupo de pandilleros que preparaba un atentado con explosivos en su contra y algunas instituciones del Estado.
“Hemos capturado el fin de semana a sujetos que estaban preparando explosivos plásticos C4 y TNT para atentar contra el Fiscal General y atentar contra instituciones del Estado”, dijo Martínez a los periodistas.
“Esto reafirma la grave amenaza de estas pandillas”, afirmó el funcionario.
El fallo definió lo que debe entenderse como terrorismo y señaló como tal “compeler a las autoridades gubernativas a negociar concesiones penitenciarias o de otra índole”, lo que cerró cualquier posibilidad de entablar diálogos o negociaciones con las pandillas como la tregua pactada en marzo de 2012 para bajar el índice de homicidios.
A diferencia del Código Penal que no contempla el delito de “terrorismo”, al declarar grupos terroristas a las pandillas, a los cabecillas, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, se les aplicarán penas más severas. A los que se les compruebe que son cabecillas de estos grupos, se les sancionará con prisión de 10 a 15 años, y los que formen parte de las pandillas serán condenados entre ocho y 12 años de prisión.
A los que participen en actos cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicos, armas de destrucción masiva o artículos similares, serán sancionados con prisión de 40 a 60 años.
Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha una organización criminal trasnacional y el Departamento del Tesoro de ese país anunció sanciones económicas contra seis miembros o colaboradores de ese grupo.
Un país se desangra
El Instituto de Medicina Legal de El Salvador reveló que el país registra en lo que va del año tres mil 992 asesinatos, y que podría cerrar el mes con cuatro mil, una tendencia que de continuar haría del 2015 el año más violento del siglo XXI en el país centroamericano.
El Salvador podría superar en 2015 la cifra de cuatro mil 382 asesinatos registrada en 2009, cuando el país fue considerado el “más violento del mundo” y en donde más asesinatos hubo desde el año 2000.
De mantenerse este ritmo, se podrían sobrepasar los seis mil asesinatos al finalizar el 2015 y registrar una tasa de más de 96 homicidios por cada 100 mil habitantes.
La última vez que el país registró una cifra superior a los cuatro mil asesinatos fue en 2011, año previo a una tregua entre las pandillas durante la cual se redujeron los asesinatos de 12 a 5 diarios.