La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías de las entidades federativas, a desarrollar una estrategia coordinada en el combate al robo de hidrocarburos.

 

A través de un punto de acuerdo, senadores y diputados señalaron que la ordeña ilegal de ductos, ha sido una problemática para la que no se ha planteado una estrategia integral, lo que ha derivado en el incremento de este delito durante los últimos 15 años.

 

Puntualizaron que durante  el 2014, cerca de 9.8 millones de barriles fueron sustraídos ilícitamente, lo que representó una pérdida superior a los 19 mil millones de pesos. Mientras que en 2013, la reparación y mantenimiento de la infraestructura afectada por las organizaciones criminales, alcanzó la cantidad de 6 mil 543 millones de pesos.

 

En ese sentido, señalaron que ante una de las crisis más graves para el país, es necesario que las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas y a la Procuraduría General de la República, desarrollen una efectiva coordinación en la investigación del delito de robo de hidrocarburos, que evite el riesgo que este ilícito representa para la población y permita sancionar a los responsables.

 

Añadieron que este problema ha escalado a niveles tan altos, que para el cierre de este año, podrían existir más de 5 mil 700 tomas clandestinas en todo el país, un nivel histórico, que ya está generando incluso, problemas de abasto en algunos estados del país.

 

Senadores y diputados advirtieron que los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Tabasco, Puebla, Jalisco, Estado de México y Veracruz, concentran el mayor número de tomas clandestinas localizadas, por lo que afirmaron, especialmente en estas entidades es impostergable una estrategia coordinada con la PGR.