GUATEMALA. Un juez de Guatemala dictó prisión el miércoles contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por fraude fiscal y desfalco en el sistema nacional de aduanas.
“Hay peligro de fuga porque la persona es ciudadana italiana, existe la sospecha de que se pueda sustraer a la acción investigativa del Ministerio Público”, dijo el juez Miguel Angel Gálvez durante la lectura de la sentencia.
“La investigación se está dando con características especiales porque se investiga a personas involucradas dentro del estado de Guatemala, especialmente funcionarios de la escala más alta”, agregó.
Pidió a las autoridades carcelarias que en un plazo de tres días, la envíen al penal femenino de Santa Teresa, un penal ordinario en el que no gozará de ningún privilegio por su condición de ex presidenta.
El abogado de la ex vicepresidenta, Mario Cano, protestó y acusó al tribunal de agravio respecto a su defendida y de poner en riesgo su seguridad al enviarla a un penal ordinario y no a un centro de detención especial.
“Es que no leemos los diarios, aparecen cinco personas muertas en los centros de detención, le responsabilizo de lo que le suceda a la vida de Roxana Baldetti”, agregó
Pero la reclusa dijo a la salida de que no le importaba ir al reclusorio ordinario. “Estoy dispuesta a que haya estado de derecho en Guatemala”, señaló.
Y afirmó, a preguntas de reporteros locales, que no se siente traicionada por nadie y no implicará a nadie, especialmente al presidente Otto Pérez Molina, en los delitos de los que se la acusa.
Rodeada de un enjambre de periodistas afirmó “no tengo mayores datos, no hablaré sobre él”, en referencia a Pérez Molina.
Baldetti quedó ligada a proceso judicial el martes por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. El Ministerio Público cree que habría recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos.
El envío de Baldetti a prisión sucede un día después de que la Corte Suprema de Justicia pidiera al congreso que se abriera antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, a quien se acusa de participar en el mismo esquema de corrupción que quien fuera su vicepresidenta.
En la misma torre de los tribunales y también el miércoles, se le retiró la inmunidad al hijo del presidente Pérez Molina, Otto Pérez Leal, quien ejerce como alcalde del municipio de Mixco, vecino a la capital, por desobediencia por no pagar honorarios por $1,5 millones de un abogado que defendía a la alcaldía.
Las decisiones judiciales se tomaron en medio de una crisis que mantiene 25 puntos bloqueados en carreteras por manifestantes que exigen la renuncia del presidente y que se suspendan las elecciones del 6 de septiembre por considerarlas ilegítimas.
Por otro lado, un grupo de maestros y sindicalistas aliados al gobierno realizan una marcha en apoyo al presidente y a los comicios.
Según la acusación de la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, tras un año de investigaciones se estableció que la ex vicepresidenta recibió el 50% de los sobornos que supuestamente recababa una estructura criminal denominada “La Línea” en la que participaban tanto funcionarios como particulares. Varios empresarios pagaban supuestamente a la trama, que operaba en tres aduanas del país, para que les ayudaran a evadir impuestos.
Desde el pasado viernes y tras las denuncias de corrupción, trece altos cargos entre los que se incluyen siete ministros y altos cargos de la estructura de seguridad del gabinete de Pérez Molina renunciaron a sus puestos incluyendo al embajador ante Naciones Unidas, Fernando Carrera.
La Comisión Internacional contra la Impunidad, un ente de Naciones Unidas creado para desarticular cuerpos clandestinos y actividades criminales incrustados en el Estado, ha presentado hasta el momento 88.000 escuchas telefónicas y documentos donde se revela cómo repartían el dinero.
Hasta el momento las autoridades no han establecido la cantidad exacta del fraude, pero estiman que son varios millones de dólares. Los fiscales han dicho que en el caso hay 100 personas investigadas, al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril, cuando se destapó el escándalo de corrupción. Por esto, Baldetti renunció el 8 de mayo.