El tiempo en el poder del general Otto Pérez Molina se agota pero él se aferra a un clavo ardiente negándose a renunciar. El todavía presidente de Guatemala enfrenta una serie de acusaciones de corrupción y al mismo tiempo se va quedando solo. Roxana Baldetti, su vicepresidenta desde que inició el poder hace tres años, renunció en mayo pasado para convertirse en dique pero hoy está en la cárcel.
Algunos años después de haber sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos, el destino está a punto de alcanzar a este controvertido hombre, que parece una figura del pasado tenebroso de Centroamérica que regresó convertido en una persona honorable, como un lobo enfundado en piel de oveja.
Ya en una carta fechada el 6 de julio del 2011 y dirigida al abogado argentino Juan Méndez, Relator especial sobre la cuestión de la tortura y con copia a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, activistas de organizaciones no gubernamentales expresaban su “creciente preocupación por el historial en cuanto el uso de tortura” por parte de Pérez Molina, que se postulaba por entonces a la presidencia y ganó de hecho en las votaciones de septiembre de 2011.
Según las activistas, había evidencias muy sólidas de su participación en grandes abusos ya que él ocupaba una posición de mando en el triángulo Ixil, en 1982, época en que actos de tortura, terror y genocidio fueron acontecimientos diarios en esta región.
Entre otras cosas, la misiva señalaba que había evidencias de que él fue el autor intelectual clave de la desaparición forzada y la tortura de Efraín Bámaca Velásquez, un dirigente guerrillero maya en 1992.
También se le implicó a Otto en una serie de graves crímenes de guerra, dicen las activistas, quienes afirmaron que “durante muchos años fue capaz de ocultar su pasado a través del uso de nombres falsos, la destrucción de los registros, y por supuesto, la intimidación” pero poco a poco la verdad ha ido saliendo a la luz.
Al postularse a la presidencia, el General Pérez Molina se presentaba como un reformista y un dirigente para la paz, pero en la práctica, según sus adversarios él “ha silenciado por completo a la prensa, así como a sus oponentes políticos en Guatemala”.
Ya como presidente, ha sido un hombre que ha mantenido un perfil público muy activo y una posición relativamente aceptable en la arena internacional.
Inclusive, en febrero de 2012 provocó un gran impacto mundial cuando Pérez Molina se convirtió en el primer jefe de Estado en el mundo en proponer la legalización de las drogas, algo que sólo se habían atrevido a hacer algunos ex mandatarios latinoamericanos. Desde su campaña había prometido “mano dura” contra el crimen organizado, pero luego de asumir dijo que buscaría reformar las leyes para que no sea “un crimen el transporte ni el movimiento de las drogas” y que todo “sea regulado”.
Sin embargo, eso no impidió que a Pérez Molina lo persiguieran los demonios del pasado. En la carta enviada a la ONU, los defensores de derechos humanos demandaban investigar y contribuir “a romper el silencio de tantos años con respeto al involucramiento del general Pérez Molina en la tortura y el genocidio en Guatemala”.
Durante 35 años de guerra civil, en Guatemala hubo 660 masacres, 200 mil personas fueron ejecutadas extrajudicialmente o sufrieron desaparición forzada y el Ejército fue declarado responsable de 93% de las violaciones de derechos humanos, de acuerdo a las estimaciones de las ONGs. Ese es el Pérez Molina al que aparentemente se le acabó la suerte y podría ir a dar con sus huesos en la cárcel.
Apenas esta semana, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió por unanimidad dar trámite al pedido de antejuicio contra el mandatario para que se le retire la inmunidad y sea investigado por su supuesta implicación en una trama de corrupción, tanto por el caso de fraude aduanero como por una corruptela en el Seguro Social.
En Guatemala, los ataques en su contra arrecian un día sí y otro también.
El profesor Gustavo Brancamonte impartió clase a Baldetti cuando ella estudiaba la carrera de Periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En entrevista telefónica a 24Horas, Brancamonte señala que la hoy ex vicepresidenta ya mostraba cierta proclividad hacia la trampa: “sus trabajos de los pasaban sus compañeros”.
Experto en comunicación, Brancamonte señala que el último mensaje televisado del presidente Otto Pérez Molina a los guatemaltecos en donde niega su intención de renunciar “es un mensaje trágico; su rostro quiere mostrar dureza cuando en los años de gobierno sólo ha mostrado debilidad (…) el mensaje que da (la percepción) es que desea salir huyendo en lugar de quedarse”, señala el profesor de la USAC.
Abelardo Medina, experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEF), señaló a 24 Horas que su percepción es que el presidente Pérez renunciará a su puesto en los próximos días, “debido a que ha perdido legitimidad y actualmente no parece que realmente esté representando a algún sector”.
Aparentemente, dice, solo un par de sindicatos que han sido seriamente cuestionados por aspectos de manejos financieros con el gobierno, continúan bridándole su apoyo irrestricto, lo mismo que su propio partido, pero la cúpula empresarial, representada por el Cacif, le ha pedido la renuncia en aras de “recuperar la estabilidad política”.
“No estamos seguros de si el gobierno de Estados Unidos continúa apoyándolo”, considera el especialista, quien sin embargo señala que en cambio ha habido apoyo de la embajada de ese país a las protestas populares en contra de la corrupción, por lo que si aún goza de respaldo en Washington “no creemos que sea un apoyo muy sólido.
Para Medina, si no dimite el presidente, ni siquiera la celebración de elecciones del próximo 6 de septiembre va a ser “una válvula de escape ante la crisis”, lo que lamentablemente podría generar enfrentamientos entre los pocos grupos leales al gobierno y los manifestantes.
“Si el presidente renuncia, la legitimidad del nuevo gobierno de todas formas va a estar seriamente cuestionada, y la exigencia social sería permanente”, considera.
Sobre el riesgo de un golpe de Estado, el investigador del ICEF, un reputado think tank en toda la región, piensa que el gobierno aún cuenta con el apoyo de los militares, por lo que descarta esta posibilidad, pero señala que “si el malestar social continua creciendo y si el presidente no renuncia, si podría darse un desconocimiento de las fuerzas armadas al presidente y por ende una renuncia forzada”.
“No vemos mucho riesgo de una conflagración, pero si vemos que el Ejército que ha visto nuevamente manchado su nombre con las acciones de algunos militares, incluyendo el presidente, va a tratar de mantener su imagen, bastante buena en el país, y si eso incluye cambiar al presidente, sí podría producirse una especie de presión interna para obligar al presidente a renunciar”, vaticina.
Por su parte, Bill Barreto, reportero de política del medio guatemalteco Plaza Pública, que se caracteriza por su perfil crítico e independiente, señaló a 24 Horas que cada día crece la “presión política para que se elimine la inmunidad” al presidente, a quien “se le acabaron los aliados”, excepto el pequeño grupo de empresarios que ha favorecido con jugosas concesiones gubernamentales durante su gestión.
Después de perder el apoyo del sector duro de la cúpula empresarial, de que la embajada estadunidense apoyara las protestas callejeras y de que la misma jerarquía católica pidiera su cabeza, “todo queda en manos del Congreso”, afirma el periodista.
El gobernante Partido Patriota tiene mayoría legislativa (56 bancas) y con sus aliados juntaría 82 votos, los suficientes para bloquear el “impeachment” o “juicio político”, pues se necesitan 105 (mayoría calificada), dos tercios del total de 158 miembros de la Cámara.
Barreto considera que “el desenlace de la crisis es incierto” pero que Pérez “apuesta a resistir por lo menos hasta las elecciones” del próximo 6 de septiembre, cuando habrá una reconfiguración del Congreso unicameral.
En las encuestas para los comicios legislativos, el oficialismo no es favorito, pues las lidera la UNE (Unión Nacional de la Esperanza, socialdemócrata), de Sandra Torres, esposa del ex presidente Alvaro Colom, que a su vez es candidata presidencial pero paradójicamente va en tercer lugar en los sondeos para los comicios presidenciales, por detrás del humorista Jimmy Morales, del derechista FCN Nación (fundado por militares) y del próspero empresario Manuel Valdizón, de la también conservadora organización Libertad Democrática Renovada (Líder), que se perfila como el probable ganador de la contienda, con entre 26 y 30% de las preferencias, aunque tendría que ir a una segunda vuelta porque se requiere más del 50% de los votos para ganar en la primera ronda.
En todo caso, el periodista guatemalteco considera que “tarde o temprano el destino alcanzará al presidente Pérez” pues “la acusación no se quedará así”.
“Si no es ahora, será después de que deje el poder”, el 14 de enero próximo, pero una cosa sí es cierta: “será inevitable que enfrente a la justicia”.
Nadie sabe qué pasará en el futuro en Guatemala, pero el mayor temor en ese país es que la era de los golpes de Estado y de las guerras civiles regrese a una zona que ha conocido escasos períodos de bonanza.