GUATEMALA. El Congreso convocó para hoy al pleno a una sesión ordinaria en la que decidirá si levanta o no la inmunidad al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, señalado de liderar la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.
La decisión fue adoptada por mayoría por la Junta Directiva en una reunión con los jefes de bloque de los partidos representados en el Órgano Legislativo, explicó su presidente, Luis Rabbé.
El presidente Otto Pérez Molina reconoció por primera ocasión que el país atraviesa un momento de crisis tras los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado, pero rechazó todas los señalamientos de corrupción.
“Yo no he recibido ni un centavo”, dijo el mandatario en rueda de prensa en la Casa Presidencial sobre las acusaciones que le hacen la fiscalía y la Comisión Internacional contra la impunidad.
Pérez Molina dijo que su estadía en el gobierno hasta el término del mandato presidencial en diciembre y su negativa a renunciar al cargo no iba a influir en la aplicación de justicia.
Pérez Molina apeló a la presunción de inocencia para defenderse de las acusaciones en su contra. Dijo que las pruebas en su contra no son suficientes para demostrar su vinculación con la estructura criminal, que, según las autoridades, defraudó millones de dólares al Estado.
A Pérez Molina se le vincula con el caso “La Línea”, por lo que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pidieron que se le realizara al mandatario un antejuicio.
El presidente negó por activa y por pasiva su participación en “La Línea”, y dijo que los audios en los que aparece su voz para cambiar a un empleado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) obedece a una preocupación por “la falta de recaudación”.
No obstante, agregó, “no era una imposición”, sino que justo en ese momento el Ejecutivo estaba pensando en hacer “una intervención” en el ente recaudador de impuestos, aunque al final solo quedó en una “intervención operativa”.
“No recibí ni un centavo”, proclamó enérgico, aunque reconoció que, como seres humanos, durante su mandato se cometieron errores, pero que, en el momento, creía que las decisiones adoptadas eran las mejores para el país.
Sobre el informe dirigido hacia su persona en el que se detallaba cómo funcionaba la SAT, Pérez Molina señaló que él nunca lo recibió y que además no tiene el membrete de recibido en ninguna de las dependencias del Gobierno.
Durante una hora, el funcionario cuestionó “la seriedad” y “el fundamento” no solo de las evidencias en su contra, sino también de la actuación del MP y la CICIG porque, recordó, cuando la fiscal general se postuló como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la CICIG la “vetó”.