El estado de Guerrero, la tierra de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi un año, es “un ejemplo extremo de las fallas del sistema de justicia” en México, dijo en una entrevista con EFE el director ejecutivo de Iniciativa de Justicia de la Fundación la Sociedad Abierta, James Goldston.
Al comentar el informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, que será presentado este miércoles en Chilpancingo, capital del estado, y es fruto de más de dos años de investigación, Goldston resaltó también la falta de voluntad política para frenar la violencia en ese territorio.
El estudio pone de manifiesto que Guerrero, situado al sur de México, “está experimentando violencia masiva e impunidad, y como resultado, el pueblo no tiene fe en el sistema de justicia“, dijo el experto, excoordinador de procesos de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (2007-2008).
Goldston considera que, como quedó de manifiesto en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 a manos de criminales y autoridades corruptas, muchas instancias oficiales han sido infiltradas por la delincuencia organizada en el estado.
“Pero también hay problemas estructurales que impiden el curso de la justicia. Hemos visto que el órgano judicial no es suficientemente independiente del Ejecutivo” guerrerense, expuso.
El informe habla del caso de Jesús Martínez Garnelo, que al incorporarse en junio de 2013 al Gobierno estatal como secretario general de Gobierno, conservó su puesto de presidente de la judicatura local con licencia.
Esa situación se prolongó hasta que Rogelio Ortega, designado por el Congreso estatal gobernador de Guerrero el 26 de octubre de 2014, nombró a un nuevo secretario general de Gobierno días después.
De acuerdo con el reporte, “el sistema de justicia ha sido indebidamente influenciado por un poder Ejecutivo autoritario que no ha respetado la autonomía legal o independencia de las instituciones, y ha buscado manipularlas por medios irregulares“.
“Por otra parte, la misma policía investigadora del delito, profundamente implicada en la perpetración de atrocidades, es la encargada de investigarlas”, señaló el documento.
Además, muchos uniformados y funcionarios a cargo de investigar y perseguir delitos carecen de las habilidades básicas para ello.
El especialista indicó también que “el sistema de protección a testigos no funciona como debe” por esa razón y porque los protectores de la ley “muy a menudo están implicados con los criminales”.
“Entonces, hay una mezcla de causas, pero lo fundamental es que tiene que existir la voluntad política para reconocer que el problema es muy grave, y hasta la fecha no la hemos visto”, explicó.
El reporte señala que el gobernador electo Héctor Astudillo recibirá el próximo 27 de octubre un estado con 19.434 homicidios reportados a la Fiscalía estatal entre 2005 y 2014.
Se trata, afirma, de un número “impactante” para un estado con una población de sólo 3,4 millones.
“El conjunto de fosas comunes y clandestinas no investigadas, muchas de las cuales se descubrieron tras las desapariciones de Ayotzinapa, sugieren firmemente que el número real homicidios es mucho más alto“, puntualiza.
Asimismo, indica que desde comienzos de 2005 hasta abril de 2015, la Fiscalía inició 7,965 investigaciones por homicidio doloso, las cuales dieron lugar a 1,601 acusaciones formales (20% de las averiguaciones) y 764 sentencias condenatorias (9.6%).
Pese a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado documentó 90 casos de desaparición forzada entre 1990 y 2014, y de que la Fiscalía investigó 44 casos adicionales, nunca se han presentado cargos contra persona alguna por este delito, asegura.
La comisión también documentó 54 casos de tortura entre 1994 y 2014. Tampoco se ha emitido una sola orden de aprehensión o una acusación formal.
“Entonces, tenemos violencia y tenemos impunidad; son dos partes de un fenómeno“, dijo Goldston.
El informe recomienda a Astudillo y al nuevo Congreso estatal, que entrará en funciones el 13 de septiembre, fortalecer la rendición de cuentas y los mecanismos de control del sistema de justicia, el marco legal y la seguridad.
También sugiere crear equipos multidisciplinarios para investigar desapariciones y localizar e investigar las fosas clandestinas.
Para Goldston, sin embargo, la transición en puerta en Guerrero “ofrece una esperanza de cambio” y una “ventana de oportunidad”.
La Iniciativa de Justicia es uno de los programas de la Fundación para una Sociedad Abierta, fundada por el inversionista estadounidense George Soros. DM