SAN FRANCISCO. La firma de transporte privado Uber sufrió un nuevo contratiempo legal a última hora del martes después de que un juez federal en San Francisco (Estados Unidos) garantizase estatus de demanda colectiva a un pleito que cuestiona la clasificación de los trabajadores de la empresa.
Según informaron hoy los medios locales, los tres demandantes, que plantearon el caso en 2013, sostienen que Uber trata a sus trabajadores como empleados sin otorgarles ningún tipo de beneficios.
Un juez deberá decidir ahora si algunos de los trabajadores de la firma para servicios privados de transporte de pasajeros deberían ser considerados empleados en lugar de contratistas independientes, lo que podría obligar a la empresa a garantizar ciertos beneficios como seguro de salud.
Los resultados de la batalla legal podrían tener repercusiones para otras empresas emergentes (“start-ups”) que utilizan también a contratistas independientes.
Uber sostiene que muchos de sus empleados prefieren tener la flexibilidad que garantiza el estatus de contratista.
La empresa, que todavía no cotiza en bolsa, ha recaudado miles de millones de dólares en varias rondas de financiación que valoran a la compañía en 51 mil millones de dólares.
El juez Edward Chen, del tribunal federal del distrito del norte de California en la ciudad de San Francisco, concluyó que “simplemente no hay base” para el argumento de Uber de que “una legión innumerable de conductores prefieren seguir siendo contratistas independientes en lugar de empleados“.
La demanda planteada por tres trabajadores presenta desafíos para el modelo de negocios de Uber, que puede mantener bajos sus costos al clasificar a sus trabajadores como contratistas, lo que a su vez le permite reclutar a un gran número de personas que usan sus propios vehículos para proveer servicios.
Los expertos esperan que esta batalla legal sea larga, pero advierten de que un fallo contra Uber podría complicar su situación financiera.
La decisión del juez afecta sobre todo a los conductores que trabajaban para Uber antes de junio de 2014.
La empresa también afronta varios desafíos legales relacionados con su historial en materia de seguridad de sus trabajadores.
Los fiscales de distrito de San Francisco y Los Ángeles aseguraron el mes pasado que las inspecciones realizadas por Uber no lograron detectar los antecedentes penales de 25 de sus conductores.
Uber aseguró en un comunicado que planea apelar contra la decisión y recordó que la demanda colectiva solo permite que un pequeño número de sus empleados en California se sumen al litigio, ya que el resto renunció a su derecho a sumarse a la demanda cuando la firma actualizó sus contratos el año pasado.
Los tres denunciantes perseguían, inicialmente, que la demanda colectiva afectase a todos los 160.000 conductores que han trabajado para Uber en el estado de California.
obo