Senadores del PAN y del PRD promovieron una iniciativa para expedir la Ley Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción, a fin de facilitar e incentivar denuncias ante actos de cohecho.
El proyecto busca establecer medidas y procedimientos para la protección de denunciantes, similares a las implementadas en la figura de testigos protegidos, pues aquellos que atestigüen o denuncien casos graves de corrupción contarán con asistencia legal, reserva de su identidad, traslados de sus lugares de trabajo, licencia con goce de sueldo, protección policial, cambio de residencia y ocultamiento de su paradero.
El texto de la iniciativa señala que cuando una persona tenga conocimiento de un acto de corrupción tendrá la obligación de denunciar los hechos para su posterior investigación y sanción, sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal y la de sus bienes, ni se ponga en riesgo sus condiciones de trabajo.
Para estas personas incluso se establece una salvaguarda, al proponer que no podrán ser sancionados o perseguidos los servidores públicos o cualquier persona física o moral, cuando actuando de buena fe revelen información sobre casos graves de corrupción o sobre violaciones de derechos humanos.
El proyecto señala que el Sistema Nacional Anticorrupción deberá crear el Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, bajo el cual se otorgará protección personal a denunciantes y testigos, por un periodo mínimo de tres meses.
Al presentar el proyecto, el senador Zoé Robledo Aburto afirmó que estas medidas de protección existen en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Canadá, donde los niveles de corrupción y cohecho son muy bajos.
En ese sentido, agregó que la aplicación de una ley con estas características permitiría abatir los elevados índices de corrupción en nuestro país.
“No debemos desincentivar la búsqueda de la verdad, no debemos de permitir la existencia de esquemas perversos en los que un acto de valor significa el suicidio político de una persona, o su suicidio económico, su suicidio laboral”, declaró.
La iniciativa fue suscrita por los senadores del PRD, Zoé Robledo, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles y Raúl Morón; así como por la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa.
Tras su presentación, el proyecto legislativo fue turnado a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.