Especialistas demandaron al gobierno federal mecanismos para auditar y transparentar la emisión de certificados bursátiles con los que se espera captar 50 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de escuelas públicas, con la finalidad de evitar que los recursos sean derrochados, malgastados o utilizados para fines electorales.

 

El miércoles, en su informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la colocación de bonos educativos en la Bolsa Mexicana de Valores por más de 50 mil millones de pesos que será respaldada con fondos públicos.

 

El presidente de la organización Mexicanos Primero, Claudio X. González y Marco Antonio Fernández, investigador del Tec de Monterrey y de la organización México Evalúa, coincidieron en que la colocación estará respaldada mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el cual se entrega anualmente a las entidades para que estas mejoren su infraestructura educativa.

 

Hasta el momento, uno de los problemas de este fondo es que no está etiquetado, es decir: la Federación no especifica para qué obras y acciones concretas debe utilizarse, dejando esta determinación a los gobiernos estatales, lo que abre la puerta a que los recursos sean utilizados a discreción.

 

“El gobierno decide que no le va a alcanzar solito y busca la forma de conseguir esta inversión. Esto no quiere decir que se vaya a privatizar la educación pública. Lo que se quiere es que el dinero ahora sí se emplee bien y no que se etiquete como infraestructura educativa y los gobiernos de los estados lo desvíen a otras cosas”, señaló Marco A. Fernández.

 

“Tiene que ver con la transparencia de los proyectos que se van a financiar con estos recursos, que realmente se utilicen para atender a las escuelas con más necesidades y que no se utilicen criterios de índole político o electoral para determinar el financiamiento de proyectos concretos de infraestructura educativa”.

 

No obstante esta colocación, el gobierno federal deberá complementar esta medida con una revisión minuciosa del gasto educativo, por ejemplo depurando la nómina magisterial; de esta forma podría dedicar sus “ahorros” a mejorar las escuelas, señaló Claudio X. González.

 

“Nos parece que tenemos una deuda con las escuelas. Le damos la bienvenida al anuncio, pero es fundamental que además de tomar la deuda, el recurso se invierta muy bien y que los mecanismos de operación se revisen. Es una medida correcta, pero hay que complementarla con una mejora en el gasto”.