Ante los casos de compra-venta de recién nacidos en Sonora bajo el esquema de “adopción”, senadores del PRI urgieron a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad investigar la red de trata de infantes y capturar a los presuntos responsables de este delito.
Señalaron que hasta el momento se ha logrado identificar a nueve menores, de hasta cuatro años de edad, que fueron inscritos de manera irregular ante el Registro Civil, y cuyos “adoptantes” pagaron montos que van desde los 80 mil hasta los 150 mil pesos, por el aviso de nacimiento.
De acuerdo con informes de las autoridades, estas conductas delictivas se registran desde 2012 en los municipios de Nogales y Hermosillo, pero fue hasta en marzo de este año cuando se logró desarticular esta red de tráfico de infantes, debido a una denuncia por irregularidades en el proceso de adopción.
Los legisladores priista mencionaron que hasta el momento se han girado 16 órdenes de aprehensión por la probable participación en los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, así como sustracción y tráfico de menores, de las cuales sólo se han ejecutado ocho.
Del total de estos mandatos judiciales, dos son contra los funcionarios estatales José Manuel Hernández, abogado de la Unión Ganadera de Sonora, y Vladimir Alfredo Arzate, ex subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia de esa entidad, quienes no han sido detenidos.
Indicaron que más allá de los buenos tratos o mejor nivel de vida que pudieran tener los pequeños con los adoptantes, de manera ilícita fueron separados del seno familiar, al ser entregados a cambio de una transacción económica.