La Procuraduría General de la República ordenó que se lleve a cabo un nuevo trabajo a cargo de peritos forenses con formación y experiencia en incendios y cuerpos incinerados para atender la propuesta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en la que aseguran que la hipótesis oficial de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados no puede ser confirmada porque no hay evidencia que apoye los testimonios.

 

La titular de la PGR, Arely Gómez González, anunció este domingo que los resultados y conclusiones presentadas horas antes por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos serán analizados detalladamente para que, en su momento, se incorporen a la averiguación previa que dirige la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

 

“En atención a ello, he ordenado a las diversas áreas de la Procuraduría General de la República para que a partir del momento en que fue recibido (el Informe), se lleve a cabo su estudio y análisis detallado del contenido y que se incorpore a la investigación que lleva esta Institución.

 

“Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, he instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo ‘Informe pericial, aspectos relacionados al fuego’, referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema”, reconoció la Procuradora en un mensaje que leyó ante representantes de los medios de comunicación.

 

La Procuraduría solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos, en los términos y modalidades que serán acordadas con todas las partes, agregó Gómez González en el salón Independencia del edificio sede de la PGR.

 

La abogada de la nación resaltó           que a casi un año de los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las cuales 110 ya fueron aprehendidas, entre ellas el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien presuntamente actuó con la complicidad de policías locales de Iguala y Cocula, instituciones infiltradas por el crimen organizado, como lo acredita el Grupo de Expertos Independientes en su informe.

 

Además, fueron solicitados todos los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas para que sean resueltos por el mismo Juez federal.

 

“Hoy, gracias a un trabajo respetuoso y de coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contamos con mayores elementos que serán sumados a los de la Procuraduría General de la República para esclarecer este lamentable acontecimiento”, subrayó.

 

Casi al terminar de leer su mensaje añadió que la PGR seguirá trabajando de forma permanente para esclarecer la desaparición de los normalistas y que no haya impunidad.