Los integrantes del Consejo Ciudadano para la Implementación de Reforma Constitucional de Derechos Humanos dijeron que el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, necesita una tesis clara, sustentada en evidencia que explique qué pasó y quiénes son los responsables.
A través de una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, los integrantes Consejo le pidieron al mandatario federal replantear toda la investigación y también revisar si no se está procesando a personas inocentes.
Indicaron que el informe que entregó el Grupo Interdiciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la CIDH, contiene elementos nuevos y de importancia que deben ser valorados por la autoridad mexicana responsable de investigar y sancionar.
“Los resultados de las indagatorias obtenidas por el GIEI obligan a todas las partes, ante todo a las autoridades del Estado mexicano, a explorar líneas de investigación que fueron previamente desechadas por la Procuraduría General de la República. Obliga a replantear toda la investigación y también revisar si no se está procesando a personas inocentes”.
Asimismo, reconocieron la reacción con prontitud de Peña Nieto dando instrucciones para que las dependencias de su gobierno analicen las recomendaciones dadas por los expertos de la CIDH.
A continuación carta integra:
7 de septiembre de 2015
Licenciado Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Las y los integrantes del Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos nos dirigimos a usted para reiterar la importancia que tiene el esclarecimiento de los hechos criminales ocurridos en los municipios de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero, los días 26 y 27 de septiembe de 2014.
El informe que entregó al gobierno mexicano, el pasado domingo 6 de septiembre, el Grupo Interdiciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) – nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – contiene elementos nuevos y de importancia que deben ser valorados por la autoridad mexicana responsable de investigar y sancionar. Llamamos a que así sea.
Los resultados de las indagatorias obtenidas por el GIEI obligan a todas las partes, ante todo a las autoridades del Estado mexicano, a explorar líneas de investigación que fueron previamente desechadas por la Procuraduría General de la República. Obliga a replantear toda la investigación y también revisar si no se está procesando a personas inocentes. Se necesita una tesis clara del caso, sustentada en evidencia que explique qué pasó y quiénes son los responsables.
Reconocemos el valor que significó el convenio entre la CIDH y el gobierno mexicano para que el GEI pudiera realizar un trabajo tan meticuloso y profesional como el que se exhibe en su informe. Esperamos que no sea el único, la cooperación internacional manda que cada vez sean más frecuentes y fructíferos estos intercambios. Esta apertura ante las instancias internacionales debe celebrarse y manterse.
También vemos bien que usted haya reaccionado con prontitud dando instrucciones para que las dependencias de su gobierno analicen las recomendaciones referidas.
Valoramos igualmente de manera positiva la comunicación de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, en el sentido de que el gobierno mexicano solicitará a la CIDH la prolongación del mandato del GEI.
Para concluir con bien esta investigación y castigar a los culpables, para saber realmente qué sucedió aquella noche trágica, es importante que nadie goce de privilegios ni de impunidad. El combate a la corrupción e impunidad ha sido algo central en su discurso el pasado 2 de septiembre en el Tercer Informe de Gobierno, confiamos en que lo lleve a cabo.
Estaremos pendientes del análisis y respuesta que el gobierno federal realice a propósito de las demás recomendaciones señaladas. Veremos también con buenos ojos que la reunión solicitada por los padres de familia para encontrarse con usted, señor presidente, se celebre cuanto antes.
Reciba nuestra consideración distinguida,
CONSEJO CIUDADANO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Mariclaire Acosta Urquidi
José Luis Caballero Ochoa
Roy Campos Esquerra
Santiago Corcuera Cabezut
Katia D’Artigues Beauregard
Ana Laura Magaloni Kerpel
Ricardo Raphael de la Madrid
José Roldan Xopa
Pedro Salazar Ugarte
Sandra Serrano García
Regina Tamés Noriega
Diego Valadés Ríos
Jaime Valls Esponda
CC
MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, Secretario de Gobernación
ARELY GOMEZ GUTIERREZ, Procuradora General de la Repúblcia
JAIME ROCHIN DEL RINCÓN , Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
ROBERTO CAMPA CIFRIAN, Subsecretario de derechos humanos de la Secretaria de Gobernación