GUATEMALA. El juez Miguel Ángel Gálvez decidió decretar la prisión preventiva al ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para que la fiscalía lo investigue por asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, en un enorme escándalo de corrupción.
“El auto de prisión preventiva se dicta por la razón del peligro de la obstaculización de la verdad“, dijo el juez Gálvez al decretar la providencia que priva de la libertad a Pérez Molina.
El juez argumentó que todavía hay personas prófugas y que por su investidura de ex presidente, Pérez Molina tiene influencia en las personas prófugas y podría entorpecer la investigación de la fiscalía.
Ordenan procesarlo por corrupción
El ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, será procesado por su supuesta implicación en la red de corrupción aduanera conocida como La Línea, que le obligó a renunciar la semana pasada a la Presidencia para presentarse ante la Justicia, anunció hoy el juez del caso.
En una audiencia este martes, el juez Miguel Ángel Gálvez dijo que era “prudente” decretar el auto de procesamiento a Pérez Molina, porque hay “indicios razonables suficientes” que establecen su vinculación con la red de corrupción.
Tras el anuncio el juez dictó un receso en la audiencia, que inició este martes las 09:00 hora local (15:00 GMT).
El juez debe aún pronunciarse sobre si ordenará la prisión preventiva de Pérez Molina, que permanece bajo “prisión provisional”, una medida que dictó el jueves pasado para garantizar la continuidad de la audiencia y preservar la vida del imputado.
La Fiscalía imputó la semana pasada al ex mandatario de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, y pidió que fuera ligado al proceso.
Ahora la Fiscalía ha solicitado al juez que decrete prisión preventiva por entender que existe riesgo de fuga.
La Fiscalía con el respaldo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalan a Pérez Molina de ser uno de los líderes de La Línea, la red que fue desmantelada en abril pasado.
Por ese caso se encuentra en prisión preventiva la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo en mayo pasado, y otras 27 personas entre funcionarios y particulares.
La red, que tenía como jefe operativo al prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, se habría apoderado de al menos 29 millones de quetzales (3,7 millones de dólares) producto de los sobornos por la defraudación aduanera, según la acusación de la Fiscalía.