La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, consideró que en su momento podría emitirse una recomendación derivada del caso Narvarte.
Entrevistada luego de participar en la Cuarta Feria del Libro de Derechos Humanos en Ciudad Universitaria, explicó que sigue en curso la queja abierta sobre el caso, en el que se analizan varios aspectos del manejo del tema.
Específicamente, recordó que con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se está tratando el tema de las filtraciones de información, mientras que con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se habla del uso de lenguaje discriminatorio.
En este último sentido, explicó que se está trabajando en un programa de sensibilización, para que no se produzcan situaciones discriminatorias derivadas de colocar a alguna persona en situación de estigmatización.
“Que no parezca que por el perfil de las personas víctimas, merecían lo que les pasó. Es algo que sí queremos sensibilizar, porque como sociedad tenemos que cuidar en el uso del lenguaje, la forma como expresamos nuestras opiniones”, señaló.
La ombudsman capitalina aseguró que mientras permanezca abierta la queja, se evaluará qué autoridades, incluyendo también al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pudieran haber cometido violaciones a derechos humanos.
En ese sentido, no se descarta la posibilidad de en su momento emitir una recomendación, si bien de momento no se sabe a qué autoridad pudiera estar dirigida.
En otro tema, Gómez Gallardo insistió en que la CDHDF seguirá dando seguimiento a la construcción del túnel en Mixcoac, una vez que se reiniciaron las obras.
Detalló que el organismo a su cargo le solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal los videos sobre el retiro de las personas, para ver si se cometió alguna violación a derechos humanos, además de exigir que los policías actúen siempre con apego a esos principios.
Por otra parte, insistió en el llamado a que se lleve a cabo una consulta informada a los vecinos, con los debidos estándares y que se les garantice en todo momento el derecho a la manifestación.