La Fundación FIND interpuso una denuncia en la PGR contra el procurador general de Sonora, Carlos Navarro, por sus acciones irregulares y omisiones en la investigación de una red de venta de recién nacidos, operada por funcionarios del gobierno estatal.
El presidente de FIND, Juan Manuel Estrada Juárez, explicó que la actuación de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora propició que uno de los presuntos responsables huyera, ya que pese a que ya lo tenían detenido, lo dejaron ir porque se integró mal el expediente.
Esta investigación comenzó en marzo, cuando la Procuraduría estatal de Sonora se enteró de la presunta venta de niños recién nacidos por medio de una denuncia anónima, en la cual se señalaba a funcionarios del DIF estatal que le quitaban sus recién nacidos a madres pobres para darlos en adopción a cambio de dinero.
Estrada comentó que también se debe de investigar que otros funcionarios participaron en la red, ya que sólo se han identificado a dos personas pero por el modo su modo de operar es claro que requirieron de la ayuda de más gente.
Por eso, la denuncia (que quedó bajo la averiguación previa 807/2015) incluye a otras personas, incluida la presidente del DIF Sonora y esposa del gobernador, Iveth Dagnino y al director de la institución, Agustín Blanco, por su actuación omisa en la detección de esta red.
Dentro de las irregularidades que ha señalado Estrada Juárez está que el procurador quiere que los niños regresen a la custodia de los padres adoptivos, cuando ellos cometieron un delito al comprar a los menores cuando eran recién nacidos.
La Procuraduría estatal tiene hasta el momento el reporte de 10 casos donde se vendieron niños, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora tiene registro de otros seis casos relacionados con esta red.
Diputados piden a PGR investigar ventas de niños
Reacciona Congreso
La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para solicitar que el presidente Enrique Peña Nieto instruya a la PGR para que atraiga la investigación sobre la red de trata de niños en el estado de Sonora formada por funcionarios del DIF Sonora.
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por la priista Sylvana Beltrones, quien fue respaldada por todos los partidos, incluido Acción Nacional que es partido el gobernante en Sonora.
Dentro de las intervenciones de los diputados en la discusión en tribuna, coincidieron en que el acto de vender a un recién nacido es moralmente reprobable, por lo que debe de llegarse a las últimas consecuencias para castigar a los responsables.
Pero Sonora no es la única entidad con reportes de presuntas adopciones irregulares, pues hace dos semanas se supo del de Abigail Colio Pérez, quien denunció que hace tres años su hija le fue arrebatada y ahora está bajo custodia legal de Edgardo Burgos Marentes, líder del PAN Sinaloa.
Burgos niega que la adopción del menor sea irregular, pero Abigail ya interpuso un recurso legal para recuperar la custodia del menor.
Los niños deben de regresar con sus familias: Redim
Juan Martín Pérez, presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dijo que los menores de edad vendidos deben de regresar con sus familias biológicas, y evitar que regresen con los padres adoptivos a quienes se les demuestre que los compraron.
“Cada caso de los niños debe ser revisado particularmente, y el procurador tiene la obligación de buscar hasta debajo de las piedras a las madres biológicas, garantizar la integridad a la madre y ofrecerle los programas públicos del estado de ayuda a las madres en estado vulnerable”, dijo Pérez.
Para el especialista en temas de la infancia, las autoridades deben de evitar que los menores de edad lleguen a casas hogar, pues esto va a ser perjudicial para su desarrollo. Por ello, en lo que se resuelve su situación la opción es que su familia biológica (abuelos, tíos o primos mayores de edad) los cuiden en ese tiempo.
Sobre el manejo del caso por parte de las autoridades, Pérez opinó que quedó de manifiesto que en México hay vacíos legales en la atención de la infancia, algo lamentable pues hace 25 años nuestro país firmó la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, por lo que a estas alturas ya debería de estar tipificado delitos como la venta de niños.
“El caso de Sonora lo que nos muestra son los grandes vacíos institucionales que tenemos como sociedad, los grandes vacíos legales y por supuesto las grandes redes de corrupción que se han instalado en todo el territorio teniendo como mercancía a los niños”, finalizó.