El presidente de la gubernamental Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México, Jaime Rochín, afirmó que la institución acepta el ofrecimiento de intermediación del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con los familiares de 43 estudiantes desaparecidos.
En una reunión con Carlos Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la CIDH, Rochín dijo en nombre de la CEAV que las observaciones contenidas en el informe presentado por los expertos sobre el caso de los estudiantes “son fundamentales para hacer cumplir los derechos de acceso a la verdad y la justicia para las víctimas”.
Uno de los temas centrales de la reunión fue que la CEAV está lista para iniciar el proceso de reparación a los familiares. “La Comisión es sensible y está de acuerdo con poder presentar el proyecto para un Plan de Reparación, primeramente a las familias y avanzarlo a su tiempo”, comentó Rochín.
“La reparación es un derecho, no una dádiva del Gobierno, y no implica en ningún momento que nadie abandone sus luchas ni renuncie a derechos como el de la verdad y la justicia”, subrayó el comisionado presidente, citado este sábado en un comunicado de la Comisión.
A su vez, el comisionado Hernández Barros, designado por el pleno de la CEAV para atender este tema, señaló que ya se presentó ante ese órgano la estrategia de atención integral a víctimas de Ayotzinapa, que pretende garantizar los derechos establecidos en la Ley General de Víctimas.
En la reunión, el GIEI y la CEAV acordaron crear un grupo de trabajo conjunto para este tema.
La CEAV, creada por decreto presidencial en enero de 2014, es una institución dedicada a atender a todas las personas que han sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos.
En un informe presentado el domingo pasado, el GIEI estimó imposible que los 43 estudiantes hayan sido quemados en un basurero como sostiene la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), y señaló graves irregularidades en la investigación, como la destrucción de evidencias y torturas a detenidos.
Según la versión oficial, el 26 de septiembre de 2014 un grupo de jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por policías del municipio de Iguala, estado sureño de Guerrero, cuando se trasladaban en autobuses supuestamente para sabotear un acto oficial de la esposa del entonces alcalde José Luis Abarca.
En los ataques murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y 43 jóvenes fueron detenidos y entregados a miembros del cártel de Guerrero Unidos, los cuales, según la PGR, asesinaron y quemaron a los jóvenes en un vertedero de basura.
El jueves, el abogado de los padres de los desaparecidos, Vidulfo Rosales, dijo que sus representados buscarán que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, adquiera un “compromiso claro de que se van a reestructurar completamente las investigaciones”.
En una entrevista radiofónica, el letrado detalló que ya están en contacto con el Gobierno para cerrar la fecha del encuentro con el mandatario, y confió en que se realice “cuanto antes”.
La titular de la PGR, Arely Gómez, recibió el viernes al grupo de expertos, al que prometió atender sus recomendaciones sobre la desaparición de los estudiantes.
La procuradora refrendó la voluntad del Gobierno mexicano de revisar las recomendaciones del informe “y continuar el trabajo conjunto en la investigación del caso”, indicó la PGR en un comunicado.