El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, urgió al Congreso aprobar la ley general sobre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares antes de que concluya el actual período ordinario.
Ojeda Anguiano expuso en un comunicado que en México existen al menos 23 mil 271 personas desaparecidas o no localizadas, según datos dados a conocer a principios de este año por la Procuraduría General de la República (PGR).
No obstante hay dudas de esa cifra porque hay organizaciones no gubernamentales que afirman que son muchas más las personas retenidas de manera forzada o que se ignora dónde están.
De ahí la exigencia de ofrecer una respuesta pronta y expedita del Congreso de la Unión, pues urge una ley que ofrezca una metodología de medición que dé certidumbre y que, por supuesto, genere los mecanismos que agilicen la acción gubernamental para atender esos casos.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo la importancia de que la propuesta de ley general sobre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares deba aprobarse antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones.
Recordó que la reforma constitucional del Artículo 73 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio y en sus transitorios se establece un plazo de 180 días, como máximo, para aprobar esta ley general.
Subrayó que esa legislación debe responder a la necesidad de abordar la problemática de la desaparición de manera integral, con enfoques jurídico, forense y sicosocial, concentrando la actuación del Estado en la búsqueda con vida de las personas desaparecidas y la atención a sus familiares.
Comentó que luego de la reunión con familiares de personas desaparecidas, quedó como compromiso de la Mesa Directiva ser incluyente y tomar en cuenta las propuestas ciudadanas para elaborar un dictamen que cuente con el aval de las organizaciones sociales y de los propios familiares de los desaparecidos.
Resaltó que “nos vamos a estar reuniendo periódicamente en mesas de trabajo, con todos los involucrados para enriquecer esta demanda ciudadana, en la cual no somos ajenos al dolor que se sufre con la desaparición de cualquier persona”.
Ojeda Anguiano declaró que en la nueva ley deberá quedar plasmada la obligación del Estado para garantizar la búsqueda e investigación en los casos de desaparición forzada, así como asegurar el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación del daño.
Consideró que también se debe avanzar en la erradicación de burocracias de los ámbitos penal y civil cuando se atienden denuncias por desaparición forzada, pues muchas autoridades dan un trato indigno a los afectados y provocan la doble victimización.
obo