Al menos 260 personas que padecen esclerosis múltiple, cáncer, epilepsia refractaria u otras enfermedades crónicas degenerativas, como el síndrome de Lennox-Gastaut, están a la espera de una reforma a la Ley General de Salud que les permita acceder a la mariguana o a medicamentos derivados de alguno de sus componentes como una alternativa terapéutica para mejorar su calidad de vida.

 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ya autorizó la importación del medicamento “Epidiolex”, aún en fase experimental y que contiene Cannabidiol, para ayudar a la niña Graciela Elizalde, quien padece el raro síndrome de Lennox-Gastaut; de acuerdo con la versión de la propia dependencia, esto no implicará ni sentará precedentes para permitir el uso de medicamentos derivados de la mariguana.

 

“Reitero: no es (autorizar) la planta, sino el medicamento que contiene este extracto de Cannabidiol. Nuestra norma nos provee un mecanismo para autorizarles a pacientes a los cuales el médico estime que es necesario, a que puedan utilizarlo. Importar exclusivamente para ella, la dosis de este medicamento Epidiolex que el médico indique que es conveniente, exclusivamente”, dijo en entrevista Patricio Caso, coordinador de asesores de la Cofepris.

 

Desde abril pasado, la familia Elizalde Benavides emprendió una lucha para importar un tratamiento a base de Cannabidiol, sustancia activa de la mariguana, que podría ayudar a disminuir el número de episodios convulsivos que padece su hija, frenar el deterioro cognitivo causado por la enfermedad e incluso tener una vida normal, ir a la escuela por ejemplo.

 

Además de conseguir la autorización para importar el medicamento para su hija (no necesariamente Epidiolex, sino el que el neurólogo de la niña indique), su objetivo es visibilizar los casos de otros pacientes que podrían mejorar su calidad de vida con un tratamiento derivado de la mariguana y, de esta manera, buscar la regulación de la planta para usos terapéuticos o medicinales.

 

De acuerdo con Raúl Elizalde, hasta el momento más de 260 personas han llenado una solicitud -disponible a través de las redes sociales del movimiento #PorGrace y la página web  para ser integrados a la esquematización que lleva a cabo un grupo de especialistas y médicos involucrados con el caso de Grace.

 

Con esta esquematización, que aportará evidencias documentales y médicas, las organizaciones civiles y el movimiento #PorGrace pretenden evidenciar la necesidad de discutir una reforma a la Ley General de Salud que permita regularizar el uso de la mariguana para fines terapéuticos o medicinales.

 

Reitero: no es (autorizar) la planta, sino el medicamento que contiene este extracto de Cannabidiol. Nuestra norma nos provee un mecanismo para autorizarle a pacientes a los cuales el médico estime que es necesario, a que puedan utilizarlo

 

“Yo empecé esto por mi hija pero al ver todos estos casos no puedo conformarme, si esto puede ayudar a otros niños, ¿por qué negarnos? Es por la regularización de la mariguana para uso médico, que haya reglas específicas para que pueda haber estudios en México, que se pueda hacer investigación. Los médicos y los investigadores están atados de manos porque las leyes no les permiten investigar, porque es ilegal”

 

La Ley General de Salud considera un delito la prescripción médica de la mariguana -la cual define como un estupefaciente- así como adquirirla, poseerla o transportarla. La ley también sanciona conseguir la planta o cualquiera de sus derivados y restringe la investigación científica.

 

La niña Graciela Elizalde Benavides o Grace como le dicen sus papás, de ocho años de edad, sufre alrededor de 400 crisis convulsivas al día a causa del síndrome Lennox-Gastaut; su familia ha probado todos los tratamientos disponibles en el país -incluso una intervención quirúrgica- y ninguno ha logrado ayudarla.

 

Por ello en abril, su papá, Raúl Elizalde, envió una solicitud al Consejo de Salubridad General para solicitarle que autorizara la importación de un tratamiento a base de Cannabidiol que ayudaría a Graciela. En junio, el Consejo rechazó su solicitud al señalar que no existen evidencias científicas que avalen el uso de este tratamiento; y recomendó el uso de medicamentos que anteriormente no le habían funcionado a la niña.

 

Ante esta respuesta, la familia inició un juicio de amparo y logró que un juez federal le otorgara primero una suspensión provisional y después una definitiva, lo cual quiere decir que durante el periodo de tiempo que dure el juicio -según su abogado Fabián Aguinaco Bravo- la familia de Grace podrá optar por el medicamento y adquirirlo.

 

“Hay un doble lenguaje porque públicamente se ha dicho que le están otorgando todas las facilidades para conseguir el producto, pero en el juicio de amparo han opuesto una resistencia enorme para poder descarrilar el juicio”, comentó el abogado en entrevista televisiva.

 

“El juez ha dicho que sí procede el juicio de amparo y que mientras se resuelve, la familia pueda conseguir el medicamento. Ya nos está previniendo y prevé también al Congreso de la Unión de que hay un juez que ya está estudiando el caso y en dado momento, podría él declarar que la Ley es inconstitucional, eso generará en el Congreso la idea de que es necesario traer a cuentas esa política prohibicionista”.