WASHINGTON. Un nuevo problema enfrenta el gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales. Walter Álvarez Agramonte, piloto del avión oficial del presidente, y Faustino Giménez, un ciudadano argentino que trabaja para el Gobierno en minería y que es “amigo” del vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, son investigados por la DEA.
La información sobre esta “operación en curso” la reveló Carlos Toro, informante para la DEA entre 1986 y 2015, que interpuso el 8 de septiembre una demanda contra el Gobierno estadunidense, al que reclama 5 millones de dólares para que reconozca su papel en diferentes investigaciones, como la que su abogado llama “el caso Bolivia”.
Esta alusión aparece en varias ocasiones en la demanda, en la que la fuente de la DEA destaca que tres de las personas que supuestamente ayudó a descubrir -Agramonte, Giménez y García- son “objetivo del caso Bolivia” investigado por la oficina de la Agencia Antidrogas en Asunción, la capital paraguaya.
“Raúl García. Padre del vicepresidente Álvaro García Linera. Objetivo del caso Bolivia dirigido por la oficina de la DEA en Asunción”, reza la denuncia, que hace una descripción similar de los datos del resto de personas investigadas y que fue interpuesta ante el Tribunal de Reclamaciones Federales, en Washington.
“Walter Álvarez Agramonte. General en activo de la Fuerza Aérea Boliviana. Objetivo del caso Bolivia dirigido por la oficina de la DEA en Asunción”, detalla el documento judicial.
La lista de investigados, siempre según el informante de la DEA, se completa con Yidua Katty Orosco Torres, también conocida como Katy Alcoreza, una antigua policía nacional que ahora, como agente de los servicios de inteligencia y espionaje, dice, se dedica supuestamente a proteger a Morales y a un fiscal, cuyo nombre no se identifica en la denuncia
Según la demanda, el informante jugó un papel “esencial” en la supuesta investigación de la DEA sobre el círculo cercano de Morales, así como en el procesamiento del capo del Cartel de Medellín Carlos Lehder y del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, condenado por ayudar a este cartel a introducir droga en EU.
Esta semana, la Casa Blanca emitió un informe en el que acusaba a Bolivia, junto a Venezuela o Birmania, de no haber cumplido en los últimos doce meses con su compromiso de lucha contra el tráfico y producción de drogas, un comportamiento por el que EU -mayor consumidor de estupefacientes del mundo- se siente damnificado.
En respuesta a estas acusaciones, Morales afirmó en una rueda de prensa el martes que la lucha antidroga de EU es un “rotundo fracaso en el mundo” y defendió que una parte de la producción en Bolivia de la hoja de coca (materia prima para la fabricación de la cocaína) está destinada al consumo tradicional.