Las autoridades mexicanas hallaron equipo electrónico presuntamente utilizado para intervenir comunicaciones privadas en las oficinas de la empresa Infraiber, a la que OHL acusa de difundir grabaciones ilícitas y manipuladas de llamadas de sus directivos, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR).
Infraiber ha denunciado en varias oportunidades prácticas ilegales de OHL México y su subsidiaria Conmex, que en respuesta interpusieron el pasado 11 de septiembre una denuncia penal ante la PGR contra la primera, al considerar que esas acusaciones perjudicaron al patrimonio de sus accionistas.
La PGR llevó a cabo ese mismo día un cateo en las instalaciones de Infraiber, en la zona residencial de Polanco, en cumplimiento de una orden judicial, confirmaron hoy a EFE fuentes de la institución.
Durante la revisión, personal de la PGR y de la Agencia de Investigación Criminal encontró “diversos artefactos electrónicos, de telefonía y de cómputo, que al parecer constituyen objetos en la comisión del delito de intervención de comunicaciones privadas”.
Entre los objetos hallados hay un dispositivo con audífonos y puntas de conexión, 21 discos flexibles y 442 compactos, 2 discos duros internos, 10 computadoras portátiles y 4 de escritorio, dos grabadoras de audio y video, así como cinco teléfonos móviles.
Además, 7 equipos de radio comunicación, 7 tabletas, 2 cámaras digitales, 43 memorias USB y un dispositivo móvil de alta tecnología, entre otros objetos, detalló la fiscalía en un comunicado.
La diligencia atendió a la probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial competente, el cual conlleva una pena de seis a 12 años de prisión y una multa.
Desde el 6 de mayo, OHL México se vio envuelta en un escándalo por unas grabaciones ilegales difundidas de forma anónima en YouTube sobre un supuesto fraude en las tarifas del Viaducto Bicentenario, una autopista del Estado de México, al que siguieron otras donde se destaparon también supuestos sobornos a magistrados.
Ello derivó en la dimisión del representante de OHL en México, Pablo Wallentin, y del secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, además del anuncio de una auditoría a las concesiones.
OHL México acusó penalmente a Infraiber “por la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía”.
Esta empresa de tecnología aplicada, que asegura desconocer el origen de las grabaciones ilegales y que las mismas responden a una herramienta de distracción, fue contratada por el Estado de México para la instalación de un sistema de verificación de peajes, pero esta fue cancelada supuestamente a petición de OHL México.
El abogado de Infraiber, Paulo Díez, fue detenido el 7 de septiembre para declarar en la investigación abierta por la difusión de las grabaciones ilegales, pero tuvo que permanecer detenido dos días tras la aparición de un arma de calibre 0.38 en su vehículo.
El letrado quedó libre tras el pago de una fianza de 64,000 pesos, y unos días después su defensa presentó a la PGR un video de una cámara de seguridad situada en el lugar donde este fue detenido, que muestra cómo uno de los agentes coloca la pistola en su automóvil en momentos en que hablaba con otros oficiales.
La fiscalía anunció la semana pasada que investigará a los agentes que realizaron la detención del abogado de Infraiber, que ya había denunciado la posibilidad de que los policías también les “plantaran” pruebas durante el cateo de las instalaciones. DM