Para Ricardo Bucio Mujica, recién nombrado titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el problema para implementar la Ley General en la materia (publicada el 4 de diciembre de 2014) el problema no es de recursos, sino falta de voluntad política.

 

Esta voluntad política tiene que reflejarse en el cambio de paradigma con el que se ve a los menores de edad, pues antes de la promulgación de la Ley se veían como sujetos de protección y asistencia social, y ahora son sujetos de derechos. Asegura que la meta es cambiar la visión adultocéntrica que aún permanece.

 

Esto quiere decir que en cualquier caso legal (sea civil, familiar o judicial) que involucre a un niño o adolescente, estos tengan la garantía que su voz sea escuchada por el juez, quien la tomará en cuenta para su sentencia.

 

El Sistema Nacional de Protección Integral fue creado por mandato de la Ley General de Derechos, legislación que marcaba al 4 de junio como fecha límite para que ya estuviera operando con un Reglamento publicado. Sin embargo, el Reglamento aún no ha sido aprobado por el Legislativo federal.

 

¿Qué le falta al sistema para operar?

 

Estamos en el diseño del órgano desconcentrado, en la definición de la estructura orgánica, la definición del presupuesto operativo para 2015, el de 2016 está en manos del Congreso, y cumplir con los transitorios de la Ley, es decir la instalación del Sistema Nacional, el Reglamento General y la elaboración del programa nacional de protección.

 

¿Cuánto presupuesto les dan para arrancar?

 

Ese dato todavía no lo conozco, sé que hay una propuesta de la Secretaría de Gobernación que vía Hacienda llegó al Congreso. No es claro, hay presupuesto para el Sistema pero hay diálogo con la Oficialía Mayor sobre el tema.

 

Otra cosa será conocer el interés de la Cámara de Diputados para la aprobación del presupuesto no sólo del Sistema, sino para las instituciones encargadas del contenido de la Ley.

 

¿Cuánto necesitan para arrancar?

 

No lo he hecho (el cálculo), hay un anexo en el Presupuesto de Egreso que da cuenta de lo que ya está programado para el año próximo. Son cientos de miles de millones para lo que es educación, salud, procuración de justicia, pero el reto mayor es la articulación.

 

Para el Sistema el reto no es el dinero, sino la articulación y la voluntad política del gobierno de la República, los gobiernos 32 gobiernos de las entidades y los dos mil 417 municipios, y desde luego de los tres poderes federales. No es mi preocupación los recursos, sino la voluntad política para la implementación.

 

¿Cómo cambiar la cultura de ver a los niños como sujetos de protección?

 

Aunque ha habido una gran cantidad de modificaciones en los últimos años, hay juzgados específicos para niños y adolescentes, hay fiscalías especializadas, hay Ministerios Públicos especializados, no están en todo el país, no están para todos los ámbitos de la justicia, y no están basados en un cambio de cultura en todos los niveles.

 

Necesitamos un cambio de mirada, un cambio de perspectiva. La Ley más que pretender que haya un Sistema, lo que quiere es que haya un cambio de paradigma respecto a sus niñas, niños y adolescentes.

 

¿Cuál es su primera impresión de la situación?

 

En el contenido de la Ley hay una aceptación de que hay una desarticulación en la atención de este sector de la población. No es que no haya acciones, hay miles de acciones que se hacen en casi la todas las instituciones, sólo hay que ver el anexo del Presupuesto Federal donde se ve que es el que más recursos tiene para 2016 (734 mil 644 millones de pesos), pero eso no quiere decir que haya un adecuado accionar, por eso se crea la Ley General.

 

A nivel internacional se reconocen avances y problemas de México en la materia…

 

La Ley supone la creación de un Sistema de Información sobre Niños, Niñas y Adolescentes, un diagnostico nacional que nos va a permitir una cuantificación, también una descripción de cuáles son las problemáticas nuevas que han aparecido por fenómenos de la globalización como la trata vía redes sociales o la explotación sexual en Internet, esto nos va a permitir tener información de las personas y las autoridades responsables, que obligue a las autoridades a actuar.

 

¿Cuáles son sus tres objetivos al llegar a este encargo?

 

Uno es que el Sistema Nacional, que los Sistemas Estatales y los mecanismos municipales existan y se articulen adecuadamente, que ya es un reto mayúsculo.

 

Segundo, que sea amplié la perspectiva de lo que el Estado debe hacer respecto a este segmento de la población, dejar de enfocarse a cierto tipo de servicios, de bienes que se dan a esta población como si fuera un grupo incompleto que no tiene la totalidad de sus derechos. El tercero, que haya un avance significativo en la cultura social, que como sociedad veamos a los niños, niñas y adolescentes, dejar de tener una mirada adultocentrica.