El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer consideró “un paso fundamental” el convenio de colaboración que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firmará el miércoles con el Instituto Nacional de Acceso a la Información para transparentar el uso de recursos públicos por parte de la gremial.
El funcionario federal señaló que la transparencia es importante; sin embargo, reconoció que la SEP no ha terminado de depurar la nómina magisterial. La depuración de la nómina implicaría que la dependencia sólo pagara los salarios de los profesores que estén dando clases y eliminar de la misma a aviadores y comisionados sindicales.
Entrevistado en el marco de la visita semanal a escuelas para participar en la ceremonia de honores a la bandera, Nuño Mayer opinó que el SNTE ha “entendido” los cambios en el sistema educativo nacional a partir de la reforma a la Ley General de Educación y señaló que la gremial se ha convertido en un sindicato moderno.
De acuerdo con personal de prensa del SNTE, se prevé que la firma del convenio con el INAI se lleve a cabo el miércoles por la tarde. De esta manera se estaría adelantando a la disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que prevé que sea hasta 2016 cuando los sindicatos tengan que atenerse a las nuevas disposiciones.
Entre éstas, que hagan público el padrón de sus agremiados, los recursos económicos en especie, bienes o donativos que reciban, información sobre el ejercicio y destino final de los recursos públicos que reciban y hacer disponible, de forma impresa y en sus páginas web, la información que obliga la ley como contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, condiciones generales de trabajo y el directorio del comité ejecutivo.
Plazos
Aunque las reformas a la ley de transparencia se publicaron en 2015, se dará un plazo de un año a las entidades para que armonicen sus leyes; será a partir de marzo de 2016 cuando el Instituto pueda ordenar a sindicatos, partidos, órganos autónomos, los tres Poderes de la Unión, los 31 estados, el Distrito Federal y los más de dos mil municipios a que entreguen la información que la ley considera debe ser pública.
Esto quiere decir que desde 2016, el SNTE estará obligado a reportar -por ejemplo- en qué y cómo utilizó los 365 millones de pesos que la Secretaría de Educación Pública le entregó en mayo de 2015 como parte de las negociaciones de su contrato colectivo de trabajo para el Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera y el proyecto de apoyo de tecnologías educativas y de la información.
En 2013, 24 HORAS publicó que el sindicato manejó recursos públicos del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio por 500 millones de pesos; además de ocho millones de pesos de los programas de Becas y Formación de Recursos Humanos en Competencias.
Además de recursos de los ramos 25 y 33, correspondientes al Fondo de Previsiones y Aportación para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (FAETA) y del extinto Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), mediante el cual se pagaban los salarios de los profesores y se operaba la educación en los estados.