GUATEMALA. Tres jueces de Guatemala, uno de ellos vinculado con la red de defraudación aduanera La Línea, fueron detenidos hoy por las autoridades del país acusados de lavado de dinero y prevaricato, entre otros delitos de corrupción, informó el Ministerio Público (Fiscalía).
Los detenidos son los jueces Marta Sierra de Stalling, Eric de León y Jisela Yadel Reinoso, informó a los periodistas la portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera.
El pasado 9 de septiembre, el Supremo retiró la inmunidad a Sierra de Stalling, quien supuestamente fue sobornada a cambio de liberar en abril pasado a miembros de la estructura de corrupción aduanera La Línea, que provocó la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).
Sierra de Stalling, a cargo desde 1997 del juzgado octavo del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, está acusada de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.
Se incurre en prevaricato cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
Sierra de Stalling está sindicada por las autoridades judiciales de “llegar a acuerdos ilegales” para liberar con fianza a seis sindicados de pertenecer a la red de defraudación aduanera La Línea.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) establecieron que dicho acuerdo fue supuestamente gestionado por Luis Alberto Mendizábal Urritia, uno de los líderes de La Línea, y quien se encuentra prófugo de las autoridades.
El caso La Línea obligó a renunciar este septiembre a la Presidencia a Otto Pérez Molina, en prisión preventiva, y en mayo pasado a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti, también detenida, acusados de liderar la red de corrupción aduanera.
El juez de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil del departamento de Quiché, está sindicado de cohecho pasivo por pretender cobrar unos 10 millones de quetzales (más de 1,2 millones de dólares) a cambio de una resolución favorable para una empresa.
La portavoz de la Fiscalía agregó que Reinoso, del juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, está acusada de lavado de dinero y otros activos, enriquecimiento ilícito, obstrucción a la acción penal e incumplimiento de deber de presentar la declaración jurada patrimonial.
Según las investigaciones, Reinoso incrementó de forma “injustificada” su patrimonio, y cuenta con bienes que “sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente”.