El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, dijo que no habrá “borrón y cuenta nueva” en la investigación de la PGR sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

 

En entrevista expuso que en el informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “no hay nada que sustente un borrón y cuenta nueva, porque el mismo tiene puntos de coincidencia con la investigación que hizo el Ministerio Público”.

 

En otros puntos el reporte plantea que la propia indagatoria tiene declaraciones en sentido distinto y por ello pide profundizar en algunos temas, además de que apunta a un móvil contenido en el expediente relacionado con el trasiego de droga a Estados Unidos.

 

Respecto a la posibilidad o no de que hayan sido incinerados 43 cuerpos en el basurero de Cocula, dijo que los expertos acreditan que hay distintas líneas en las declaraciones sobre lo que pasó con los cadáveres.

 

Sobre el particular, recordó que el informe señala que hay cuatro líneas distintas, por lo que recurre al apoyo de la ciencia y pide al doctor José Torero (especialista en incendios) que haga la investigación respectiva, y éste determina que no pudieron haber sido incinerados 43 cuerpos en ese basurero.

 

Pero “a partir de la evidencia y de cómo se recolectó, propone en su estudio que se realice una investigación del más alto nivel, lo que se atiende, por lo que será el propio José Torero a quien se invitará a que lo haga”, explicó Campa Cifrián.

 

Asimismo resaltó que la instrucción que recibieron del presidente Enrique Peña Nieto es atender las solicitudes y en muchos casos reclamos de los familiares, los que “en algunos casos tienen que ver con búsqueda, atención a víctimas y de atención a heridos”.

 

El subsecretario de Derechos Humanos aseguró que cuando se trata de desaparecidos, sin duda la búsqueda es una prioridad.

 

Se refirió además a la petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pueda entrevistar a los elementos castrenses.

 

Al respecto planteó que en el informe de ellos hay una cuartilla que tiene que ver con ese asunto, y “lo que hemos dicho es que estas diligencias se han atendido a través del Ministerio Público”.

 

En cuanto al “quinto camión” al que se refieren los expertos en su texto, dijo: “lo que puedo decir es que es una recomendación particular de ellos y la solicitud es que se maneje como una línea prioritaria de investigación, y la PGR ya ha hecho los anuncios correspondientes.

 

”Consideró que la discusión que se tiene ahorita en torno a algunos de los puntos que se mencionaron muestra que fue una reunión productiva la celebrada ayer con el presidente Enrique Peña Nieto”, declaró Campa.

 

“Hay el reconocimiento de que se trata de una investigación abierta, que fue una de las demandas de los familiares, y que mientras haya líneas de investigación y detenciones pendientes, la investigación no se puede cerrar”, subrayó.

 

Asimismo se planteó la conveniencia de que un área determinada de la Procuraduría General de la República (PGR) se encargue de dar seguimiento a las tareas de investigación y de búsqueda; “confiamos en que tendrá la adscripción que esperan los familiares y expertos”.

 

El funcionario reconoció que hay la diferencia de si debe ser una unidad o una fiscalía y de si debe ser sólo para los desaparecidos en Iguala, Guerrero o para todos.

 

“Si bien son muy importantes los de Ayotzinapa, hay otras organizaciones que han planteado atención en materia de investigación y búsqueda”, refirió Roberto Campa durante la entrevista.

 

Expresó que el énfasis está puesto en dos opciones complementarias: una tiene que ver con búsquedas colectivas y otra con esquema de búsqueda individual; “me parece que hay posibilidad de conciliación en este asunto”.

 

Finalmente manifestó que el mandato de los expertos de la CIDH no es indefinido y esto tiene que ver con otras lógicas, por lo que será una labor de un año y ampliar seis meses adicionales fue una decisión que el Estado mexicano tomó después de consultar a expertos.