Las elecciones para elegir a los diputados del Parlamento catalán convocadas para el domingo 27 de septiembre, no son unas elecciones corrientes para elegir un legislativo que permita la formación de un gobierno.
Estas elecciones son distintas porque la coalición JPS (“Junts pel Si” /Juntos por el Sí) formada por el partido del gobierno actual (Convergencia Democrática), y el partido de la oposición (Esquerra Republicana) y dos organizaciones de la sociedad civil (Assamblea Nacional de Catalunya y Omnium Cultural) tienen como objetivo programático iniciar un proceso constituyente para alcanzar la independencia de Cataluña.
Han leído bien por extraño que parezca, JPS se trata de una coalición electoral formada por el partido de gobierno y el partido de la oposición, que han planteado las elecciones en clave plebiscitaria con la finalidad de lograr una mayoría parlamentaria para proclamar el inicio del proceso de independencia.
Con otra peculiaridad, el jefe de gobierno actual Artur Mas ocupa el cuarto lugar de la lista y el jefe de la oposición Oriol Junqueras el lugar quinto.
Encabeza la lista Raúl Romeva un ex parlamentario europeo de la izquierda comunista, seguido por las ex presidentas de las organizaciones de la sociedad civil. Y otra anomalía más, es una lista electoral de la que no se sabe explícitamente quien será el encargado de formar gobierno y en particular si no consiguen la mayoría absoluta y deben obtener apoyos de otras fuerzas políticas independentista y radicales de izquierda (CUP)
Estas elecciones convocadas por el procedimiento habitual para unas elecciones legislativas, adquieren un carácter plebiscitario otorgado por la coalición pero también por las fuerzas políticas concurrentes contrarias a la independencia, que a pesar de negar tal carácter plebiscitario contribuyen a que sea así, ya que finalmente se trata de unas elecciones con dos bloques claramente definidos, los partidarios de la independencia y los partidarios de que Cataluña siga formando parte de España.
Las elecciones formalmente no pueden ser plebiscitarias, pero los resultados tendrán una lectura inevitablemente plebiscitaria. Si la mayoría es de los partidarios de la independencia, esta mayoría será suficiente en el parlamento para formar un gobierno que impulse el proceso y que conduzca a una Declaración Unilateral de Independencia.
Si la mayoría es contraria a la independencia la mayoría parlamentaria tendrá como misión proclamar la derrota independentista y formar un gobierno probablemente de coalición que tendrá dificultades en articular un programa que integre los programas de las distintas fuerzas políticas que representan un amplio abanico desde el más centrista y liberal de la que puede ser la segunda fuerza política en representación parlamentaria (Ciudadanos), junto con el más conservador (el Partido Popular), ambos partidarios de una España centralizada, más el partido socialista (PSC) partidario de una España federal.
Un problema no menor es que el objetivo plebiscitario proclamado por JPS, juega con una ambigüedad que es que la mayoría absoluta parlamentaria se forme con la mitad más uno de los curules y se quiera dar a entender que es igual a la mitad más uno de los votos que sería la condición para que fuese un resultado inequívocamente plebiscitario. Debido a las diferencias de valor de los votos por provincias, puede suceder que una mayoría absoluta de curules, no represente una mayoría de votos y que los ciudadanos que voten por la independencia sean menos del 50%.
Y sin embargo con estos resultados el Parlamento emprenda un proceso constituyente hacia la independencia sin el apoyo de la mayoría de los ciudadanos y por supuesto por debajo de los dos tercios parlamentarios que la actual ley del Estatuto de Autonomía requiere para su aprobación o reforma.
Los escenarios que se pueden dar son complejos y se pueden resumir según los resultados probables, que en gran parte dependerán del grado de participación electoral: 1) una mayoría parlamentaria sin una mayoría de votantes a favor de la independencia si gana la lista de JPS y quizás con el apoyo de otra fuerza de izquierda radical (CUP) que iniciaría el proceso de independencia; 2) Una mayoría parlamentaria en contra de la independencia, probablemente sin una mayoría de votantes en contra de la independencia (que en este caso no importaría porque la segunda lectura no sería plebiscitaria) que trataría de formar un gobierno complejo dada la diversidad ideológica de la coalición; 3) ante la probabilidad de un segundo escenario la estrategia dominante podría conducir a una mayoría pragmática a favor de cambiar la relación con España, que podría surgir de una división en el parlamento del grupo del JPS, más otras formaciones como la socialista y la coalición Podemos-Comunistas partidarios de referéndum pero no de la independencia. En este último escenario si podría darse la situación de que la mayoría parlamentaria se correspondiese con la mayoría de votantes.
Si se diera como resultado este tercer escenario en el cual la mayoría estaría a favor de un referéndum y de tener un nuevo marco de relación con España, la situación no sería muy diferente de la que se daba en la anterior legislatura. La diferencia sería que la lectura plebiscitaria obligaría al gobierno español actual o al resultante de las elecciones de diciembre, a considerar lo que se ha negado a hacer reiteradamente, reconocer que una mayoría de votantes exige una nueva relación de Cataluña con España. Si el resultado es el del primer escenario, el proceso de independencia se iniciaría con fuertes controversias legales (cumplimiento constitucional, pertenencia a la Unión Europea) y sin la necesaria legitimidad plebiscitaria precisamente por parte de los que han impulsado unas elecciones plebiscitarias.
El escenario de mayor probabilidad es que haya una mayoría de votantes partidarios de establecer una nueva relación con España, aunque esto solo es posible saberlo con un referéndum. Posibilidad que ya ha sido negada por el gobierno español con apoyo del Tribunal Constitucional. Esta mayoría de votantes en cualquier caso ya se manifestó en el referéndum que tuvo lugar en junio de 2006 con el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por un 73.9% de los votos y que el Tribunal Constitucional desestimó en su parte más sustancial en 2010 a partir de un recurso presentado por el Partido Popular entonces en la oposición lo que le supuso una indudable ganancia de votos en el electorado español y un evidente crecimiento del independentismo en el electoral catalán. Si se diese el tercer escenario estaríamos diez años más tarde en el punto de partida, elecciones plebiscitarias para la búsqueda de soluciones políticas que en 2006 se habían alcanzado con total legitimidad y legalidad.
*Director de Foreign Affairs y de think tank Cidob