La presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace reiteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no está facultada para investigar en el aspecto penal “el secuestro” de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
A través de un pronunciamiento, la activista aclaró que dicho argumento no implica que la asociación a su cargo y ella como su representante no estén del lado de los padres de los jóvenes, a quienes les reiteró su solidaridad y respeto a su dolor, por lo cual señaló “queremos verdad y justicia y que no se repitan los hechos, sin ningún sesgo político o ideológico”.
El lunes pasado, en conferencia de prensa, Miranda de Wallace acusó que de acuerdo con el Artículo 8 de los estatutos de la CIDH, el cargo de miembro de la Comisión resulta incompatible con el ejercicio de actividades que pudieren afectar su independencia, su imparcialidad, la dignidad o el prestigio de su cargo en la Comisión.
Por lo tanto, señaló que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, está impedido para conocer, discutir, tratar cualquier cosa relacionada con México, ya que de hacerlo se estaría incurriendo en un conflicto de intereses.
Con base en las disposiciones que regulan el Conflicto de Interés del Reglamento de la OEA del Consejo Permanente de la OEA, los miembros de la Comisión no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la Comisión en los siguientes casos: si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica o si estuviesen acreditados o cumpliendo una misión especial como agentes diplomáticos ante dicho Estado.
O Si previamente hubiesen participado, a cualquier título, en alguna decisión sobre los mismos hechos en que se funda el asunto o si hubiesen actuado como consejeros o representantes de alguna de las partes interesadas en la decisión.
Bajo ese estatuto, la presidenta de Alto al Secuestro subrayó que si los expertos del GIEI sostienen que el secuestro de los normalistas tuvo que ver con drogas, se habla entonces de un delito y no de derechos humanos, por lo que el organismo internacional competente sería la Oficina contra las Drogas y el Delito perteneciente a las Naciones Unidas y no la OEA.
En previa entrevista, padres de los estudiantes habían rechazado la observación de la activista al indicar que se estaría viendo beneficiada por contradecir el informe de los expertos independientes, pues precisamente en ellos habían depositado su confianza, sin embargo, Wallace reviró “rechazamos que se use esta tragedia como bandera política, exigimos saquen las manos los políticos de este caso que es jurídico y humano”.