SAN MIGUEL TECOMATLAN. A diferencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace un año, los seres queridos de Julio César Mondragón tuvieron un cuerpo que enterrar. Pero eso no les dio mucho consuelo porque el cadáver ofrecía un brutal testimonio de los horrores que padeció momentos antes de morir.
La autopsia muestra varias fracturas de cráneo, hemorragias internas y otras heridas producto de torturas. Su cráneo fue desollado, una táctica frecuente usada por los cárteles de la droga para crear terror. Luego, las fotografías de su cadáver fueron subidas a internet.
La atención internacional del caso se ha centrado en los 43 estudiantes que se desaparecieron de la faz de la tierra el sábado hace un año, pero otras seis personas murieron a manos de la policía durante esas horas, incluyendo a Mondragón, de 22 años, casado y con una niña de un año.
De acuerdo con un grupo independiente de expertos, tanto las desapariciones como los asesinatos fueron parte un ataque desproporcionado, coordinado en contra de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, que habían llegado a esa ciudad, 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, a tomarse por la fuerza varios autobuses para ir a una manifestación.
Lo sucedido el pasado 26 de septiembre está lejos de ser un caso aislado. Unas 25,000 personas han sido reportadas como desaparecidas en México desde 2007, cientos de ellos en Iguala al menos en el último año. La desaparición de los estudiantes llamó la atención acerca de cientos de personas que han desaparecido, la violencia de los cárteles de la droga, la corrupción oficial, la indiferencia del gobierno y la negligencia de la justicia que hace que los casos languidezcan en los despachos judiciales.
De acuerdo con la versión oficial de los hechos, los 43 estudiantes desaparecieron víctimas de un ataque de la policía y un cártel local de narcos llamados Guerreros Unidos al confundirlos con un cártel rival. El propio ex Procurador (que es como se llama al Fiscal General en México) dijo en noviembre pasado que los estudiantes fueron asesinados y sus restos incinerados en una enorme hoguera en el basurero de la cercana población de Cocula.
Pero el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rebatieron esa versión a principios de mes al concluir que las autoridades sabían quienes exactamente eran los estudiantes desde el momento en que salieron de la escuela rumbo a Iguala, y que no hicieron nada para detener el ataque del que fueron víctimas.
También refutaron la versión de la hoguera y sostienen que, simplemente, no ocurrió, y sugirieron que el móvil del ataque fue que los estudiantes, sin saberlo, tomaron un autobús que llevaba droga o dinero. Iguala es conocida como un centro de distribución y tráfico de heroína a Estados Unidos.
Las familias culpan a las autoridades de negligencia judicial, incluyendo el caso de Mondragón y otras cinco personas que murieron esa fatídica noche. Sus compañeros Daniel Solís y Julio César Ramírez fueron asesinados a quemarropa. El conductor Victor Manuel Lugo Ortiz y el adolescente David José García Evangelista, de 15 años, murieron cuando la policía disparó contra el autobús que transportaba a un equipo de fútbol. Y Blanca Montiel, de 40 años, cayó muerta víctima de las balas perdidas cuando iba en un taxi.
Mondragón había estado en uno de los autobuses atacados y apareció luego en una conferencia de prensa que los estudiantes habían convocado en medio del caos. Había grabado videos con su celular. Huyó cuando la policía abrió fuego. Testigos dijeron que poco después de que lo vieron por última vez, oyeron gritos de alguien que, asumieron, había sido detenido. Hacía las seis de la mañana, los soldados encontraron su cuerpo a poco más de un kilómetro del lugar de donde desapareció.
La autopsia muestra lesiones consistentes con tortura pero este delito no se menciona en el expediente judicial del caso. En un informe, un mando militar informó del hallazgo de un “cuerpo desollado” por “arma blanca” pero la autopsia dice que un animal pudo haber desollado su rostro luego que de que el cuerpo fuera abandonado en una carretera. Su familia cree que esa conclusión es una “burla”.
El caso de Mondragón podría proporcionar pistas sobre quién está detrás del ataque de los 43, según la Comisión Interamericana. Pero el proceso penal languidece en tres expedientes judiciales distintos. El cuerpo de Mondragón será exhumado después del aniversario de su muerte, como lo han solicitado su familia y la Comisión Interamericana.
El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se encuentra entre las 28 personas acusadas del homicidio. Las autoridades dicen que él ordenó los ataques. Pero la abogada de la familia, Sayuri Herrera, dice que el caos de los expedientes es tal que cualquier abogado defensor podría echar por tierra las acusaciones contra los policías, como ya ocurrió con uno que ya fue exonerado, pero que sigue detenido por el caso de los 43.
“No hay claridad. A toda esa gente (los 28 detenidos) se les acusa también del resto de homicidios cómo si todos hubiesen podido estar en todas partes a la vez”, dice Herrera. “Ni siquiera hay claridad en las acusaciones”.
Los sábados, la familia de Mondragón se reúne y se sienta en la mesa grande de la casa de concreto de Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César, a veces para recibir asesoría psicológica, a veces para reunirse con Herrera o con colectivos que los ayudan a definir estrategias legales y buscar justicia.
“Aquí todos nos hacemos los fuertes”, dijo Lenin Mondragón, que tiene los mismos ojos de su hermanos, pero ahora llenos de tristeza. El joven aprieta la mandíbula y mira al suelo en el patio que une la casa de su madre y la su tío, dos modestas viviendas en la comunidad de San Miguel Tecomatlán, un pueblo rural en las colinas del estado de México.
La familia quiere que el caso sea asumido por fiscales federales. Los expertos de la Comisión Interamericana también dicen que los seis asesinatos deben hacer parte del proceso federal de la investigación de los 43, ya que completan el panorama de lo sucedido aquella noche.
La Procuraduría General rechazó esta petición y su oficina no respondió a las solicitudes de entrevistas de The Associated Press.
El expediente sigue en manos de los fiscales estatales en Guerrero, donde la falta de recursos y la inexperiencia hacen que sea aún menos probable que se haga justicia.
Mondragón era un poco mayor a sus otros compañeros de clase que cursaban el primer año, porque había estudiado en varias escuelas normalistas antes de inscribirse en la de Ayotzinapa. Le gustaba cuestionar a sus maestros y dirigentes estudiantiles, dijo Cuitláhuac Mondragón. También le enseñaba a leer y a escribir a las familias pobres de San Miguel Tecomatlán.
La madre de Julio César, Afrodita Mondragón, a veces pone la canción de salsa que bailaba con él y repasa su Facebook tapando con la mano parte de la pantalla por si aparece la foto que corrió por internet. No soporta ni imaginarla.
Afrodita a veces siente miedo. Cree que su hija de tres años merece otra vida, pero el activismo de la familia por lograr justicia es una decisión tomada.
“Lo único que pedimos es la verdad”, dijo su tío Cuitláhuac. “El gobierno está apostando a que esto todo será olvidado, y estamos apostando a la justicia”.