A un año de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de seis personas y las lesiones provocadas a 25, no se ha hecho justicia para las víctimas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la ONG Open Society Justice Initiative revelan fallas en la investigación de la PGR, denuncian violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Guerrero e incluso han desmentido “la verdad histórica”.
Aunque el Ministerio Público de la Federación ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las cuales ha aprehendido a 110 que están sujetas a proceso penal, ninguna ha sido condena por los crímenes que confirman la complicidad entre el crimen organizado y autoridades municipales.
Los vacíos en la investigación ministerial que no permiten conocer el grado de responsabilidad de todos los implicados, el destino de los estudiantes y el móvil de los hechos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló en las conclusiones del “Informe Ayotzinapa” que policías estatales, policías federales y elementos del Ejército estuvieron al tanto de lo que sucedía, pero ninguno intervino a favor de las víctimas lo que podría derivar en un delito por omisión e incluso añade que los ataques fueron coordinados y dirigidos por alguien.
Tampoco se agotaron las líneas de investigación para localizar a los jóvenes y la tesis oficial que señala que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula fue desmentida.
El GIEI estableció que los normalistas “tomaron” cinco autobuses en las afueras de Iguala, pero la PGR centró su investigación en cuatro y dejó de investigar el quinto de Costa Line.
El chofer de este vehículo condujo a la Terminal de Iguala donde dejó encerrados a los estudiantes y estos pidieron ayuda a sus compañeros para que fueran a rescatarlos.
Por ello fueron a Iguala, establece el GIEI, mientras que la PGR atribuye su presencia a que iban a boicotear un acto público de María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal, José Luis Abarca.
La compañía ocultó el autobús, el cual no fue destruido como los otros cuatro, y se relacionan los hechos con una red local de tráfico de heroína que usa autobuses para enviar droga a Estados Unidos. Esta hipótesis tampoco fue investigada por la PGR, establecen los expertos.
El informe del GIEI coincide en varios puntos con el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala” que entregó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que destaca la necesidad de que “se hagan efectivos los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño a las víctimas y a la no repetición”.
Entre la noche del viernes 26 de septiembre y la madrugada del sábado 27, policías de Iguala presuntamente dispararon contra los estudiantes y el equipo de futbol Avispones de Chilpancingo. Todos viajaban en autobuses y los uniformados detuvieron, apedrearon y dispararon a los autobuses, pero también fueron baleados dos Tsurus, un taxi, dos camionetas Nissan, un Chevy, una motocicleta Yamaha, una Explorer, dos Pointer y una Escape.
En las calles y carreteras hallaron restos balísticos calibre .223 y el GIEI establece que el número de víctimas asciende a casi 200, la mayoría jóvenes y algunos menores de edad.
Los alumnos de primer ingreso de la escuela Raúl Isidro Burgos habían “tomado” al menos cinco autobuses en la terminal y el equipo de Los Avispones habían jugado contra las Iguanas de Iguala.
El reporte “Justicia Fallida en el Estado de Guerrero”, elaborado por la ONG Open Society Justice Initiative, coincide al destacar que las violaciones a los derechos humanos en Guerrero son comunes y la opacidad y la impunidad son “provocadas” por las autoridades.
La ONG destaca que la desaparición de los 43 estudiantes no es nuevo, porque en Guerrero se cometen crímenes violentos desde la década de los setenta, durante la llamada Guerra Sucia, acción del Estado para combatir los movimientos estudiantiles y guerrilleros.
El Organismo establece que el auge del crimen organizado y la estrategia federal para combatirlo ubica a los civiles “entre la violencia y la de los cárteles”. De 2005 a 2014 se cometieron 19 mil 434 homicidios en Guerrero.
Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz son los únicos normalistas que han sido identificados por restos de huesos hallados en una bolsa en el río Cocula.
En la presente administración casi la mitad de las fosas clandestinas que la PGR ha localizado en el País están en Iguala.
La PGR localizó 146 fosas ilegales, de ellas, 78 están en Guerrero, pero 71, con 151 cuerpos, se localizan en Iguala.28