La procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez, dijo que el gobierno federal se le está dando puntual respuesta a las peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y recomendaciones relacionadas con la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante una reunión con el pleno de la CIDH, la titular de la PGR señaló que “hemos abierto públicamente el expediente de Ayotzinapa y estableceremos un protocolo de comunicación con familiares de los estudiantes normalistas”.
La procuradora dijo a la presidenta del organismo internacional, Rose Marie Belle-Antoine, sus comisionados, secretarios ejecutivos, relator y consultor, que se trabaja de manera coordinada con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
Asimismo, indicó que en México existe el compromiso institucional de procurar justicia con pleno respeto a los derechos humanos.
Durante la reunión, celebrada en el Salón Procuradores del Edificio sede, la procuradora general de la República y los comisionados trataron entre otros temas, los referentes a la protección de los migrantes desde la faceta del orden penal, la independencia de los servicios forenses y la atención a pueblos indígenas.
Asimismo, se tocaron temas relativos a causas penales y sobre la libertad de expresión a partir de las atribuciones de las áreas competentes de la PGR.
En la reunión estuvieron presentes, además de la presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle-Antoine, los Comisionados James Cavallaro, Relator para México; Felipe González, Relator sobre los Derechos Humanos de los Migrantes; Rosa María Ortiz, Relatora sobre los Derechos de la Niñez; Tracy Robinson, entre otros.
Por parte de la PGR estuvieron también José Alberto Rodríguez Calderón, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; así como Gustavo Salas Chávez, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, entre otros.
El organismo que dirige Rose-Marie Belle Antoine tiene como objetivo atender la invitación del Gobierno federal y, de acuerdo con información oficial, sostener citas de trabajo que este día serán privadas.
El CIDH fue quien nombró a un equipo de especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las conclusiones del GIEI revelan fallas en la investigación de la PGR, denuncian violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Guerrero y evidencian líneas de investigación que no fueron tomadas en cuenta por la Procuraduría, como la existencia del quinto autobús, que a su vez, posible evidencia de que el móvil del ataque fue para recuperar un cargamento de droga o dinero del crimen organizado.
En respuesta, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó revisar y tomar en cuenta las recomendaciones del Informe Ayotzinapa entregado por el grupo de expertos que desmiente que todos los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
El pasado 23 de septiembre, el Estado mexicano formalizó la firma de acuerdos de solución amistosa en dos casos que se encontraban en trámite ante la Comisión desde 1994 y 2008, respectivamente, y cuyas víctimas fueron miembros de poblaciones indígenas en Chiapas y en Oaxaca.
En la atención de estos casos se abordaron temas como tortura, debido proceso y garantías judiciales y violencia de género y estuvieron presentes autoridades no sólo del ámbito federal, sino también de estados de la República, como Chiapas, Chihuahua y Oaxaca, dio a conocer la PGR este fin de semana.
Las juntas se llevaron a cabo en el edificio sede de la PGR, en Paseo de la Reforma, para la promoción de la observancia y la defensa de los derechos humanos.
El pleno de la CIDH se reunió con autoridades federales y locales para revisar los casos y avances a los que se les ha dado seguimiento.
También está previsto que durante estos días se reúnan con legisladores, funcionarios judiciales, órganos autónomos de derechos humanos, así como con organizaciones de la sociedad civil mexicanas. (Co información de Notimex)