Elementos del Ejército han sido investigados en al menos 229 averiguaciones previas por presuntamente haber cometido actos de tortura en contra de civiles.
Los años que registran mayor cantidad de denuncias fueron 2011 y 2013, con 49 y 56 averiguaciones previas, respectivamente, durante la estrategia de combatir el crimen organizado con las fuerzas armadas.
Entre enero de 2007 y junio de 2014, la Procuraduría General de Justicia Militar inició 229 indagatorias que corresponden a delitos cometidos en su mayoría entre 2010 y 2013.
Las denuncias penales fueron interpuestas por personas que se acercaron a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En lo que va de la actual administración, se han abierto al menos 68 investigaciones, de acuerdo con la información proporcionada a 24 HORAS a través del recurso de revisión RDA 3507/15.
De estas, 26 son denuncias por delitos cometidos en 2013 y siete en la primera mitad de 2014. En el 2010 hubo dos casos, seis de 2011 y 27 de 2012.
En cuanto a la administración anterior, de enero de 2007 a diciembre de 2012, aunque aquella terminó el 1 de diciembre, la Sedena contabilizó 161 averiguaciones previas iniciadas por el delito de tortura supuestamente cometidas por elementos del Ejército.
Estas averiguaciones corresponden a actos cometidos de la siguiente manera: en 2007 se registraron nueve, 21 en el año siguiente, 20 en 2009, 39 en el año 2010, 61 en 2011 y 46 en 2012.
Aunque se hicieron las denuncias por estos hechos no quiere decir que todos los inculpados sean penalmente responsables.
En cuanto al número de elementos que recibieron sentencia condenatoria no se localizó dato alguno en las Direcciones Generales de Derechos Humanos, de Justicia Militar y el Supremo Tribunal Militar, refirió la Sedena en el mismo documento.
Las estadísticas no están actualizadas porque a partir del 14 de junio de 2014, resaltó la Sedena en el oficio que respondió en cumplimiento a la resolución dictada por el recurso de revisión interpuesto al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI), se formalizó el procedimiento de declinar las indagatorias del fuero federal cuando las víctimas son civiles, de acuerdo con los criterios orientadores emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.