A partir de hoy el país tiene un solo salario mínimo. Ya no hay zonas de primera y de segunda y hasta de tercera como existieron durante tanto tiempo. Un trabajador del Distrito Federal tiene derecho al mismo ingreso básico que uno de Tlaxcala que hace apenas tres años ganaba 5% menos.
Por ejemplo, el transporte público en el Distrito Federal es altamente subsidiado pero por las distancias se tienen que pagar varios peajes, a diferencia de otras entidades donde quizá baste con un solo camión pero que se paga a precio de mercado.
Pero de Sonora a Yucatán (como decía el viejo anuncio de los sombreros) no hay un solo lugar del país donde el actual salario mínimo único del país, de 70.10 pesos alcance a una familia para vivir.
El problema es que el mini salario se ha convertido en un rehén político que lo mismo es torturado en momentos de crisis, ahí se recargaron todos los programas de control inflacionario. Y al mismo tiempo lo adulan y lo usan como bandera política para forjar campañas electorales.
En 1987, por ejemplo, el salario mínimo se elevó 120%. Si vemos el dato así parecería de un gran beneficio para los trabajadores, el problema es que la inflación ese año se elevó más de 150%. Así que la pérdida de poder de compra fue enorme.
Cuando llegaron los pactos económicos desde finales de los 80 y alguna parte de los años 90 fueron los salarios los que aportaron el mayor ajuste. Un aumento siempre menor a la inflación, seguido por un aumento de los precios del sector privado en línea con la inflación. Pero eso sí, el gobierno sí subía lo que quería los precios de sus productos como las gasolinas.
Parte del uso político del salario mínimo ha pasado por su utilización como la salida fácil ante los problemas que tiene la medición inflacionaria para determinar aumentos en algunos productos y servicios.
Actualmente, por ejemplo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor es una canasta con 283 productos, tarifas y servicios, donde la cuarta parte son alimentos. Es un solo indicador único que abarca a varios Méxicos.
Al país de la clase media urbana, al de la clase rural en extrema pobreza. Al que compra equipos de cómputo y autos importados, al que consume como principal alimento la tortilla. Contempla lo mismo la colonia Narvarte, que San Pedro Garza García en Nuevo León o Metlatónoc, Guerrero.
La inflación general, pues, le queda chica a las multas de la autoridad o a productos como algunos créditos hipotecarios que tendrían que ajustarse con un indicador como la inflación al que la autoridad siempre trata de hacer más pequeña, contrario al salario mínimo que lo políticamente correcto siempre se encarga de hacerle ganar algo frente a la inflación.
Puede un gobernante local esconder su trabajo mediocre enarbolando la causa de mejorar el salario mínimo, pero eso de poco sirve si no se desvincula esa percepción de ser referencia para otras cosas diferentes a pagar la fuerza laboral.
Está atorada en el Senado la creación de la Unidad de Medida y Actualización que sustituya al salario mínimo como referencia federal para el establecimiento de los incrementos anuales de esos precios atados.
Si para el próximo año se decide seguir el impulso de lo que genera el aplauso y se eleva 10, 15, 20% o más el salario, lo único que se conseguirá será empeorar las presiones inflacionarias que hoy ya existen con el factor cambiario.