La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confrontó al Gobierno mexicano al afirmar que en México hay una violación “estructural” de los derechos humanos y considerar que la desaparición de 43 jóvenes hace un año no es un hecho “aislado”.
“No vemos la tragedia de los 43 estudiantes como una tragedia aislada, sino como un patrón de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante décadas”, dijo la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, en la rueda de prensa para presentar el informe preliminar de la visita a México del organismo.
Esta dura afirmación fue respondida en un acto celebrado casi en paralelo por el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, Roberto Campa, quien dijo que la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014 fue una situación “extraordinaria”.
Según la versión oficial, los 43 estudiantes fueron arrestados por policías corruptos en la ciudad de Iguala y entregados a miembros de cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los mataron e incineraron en un basurero cercano.
Sin embargo, un grupo de expertos independientes de la CIDH cuestionó dicha versión en un informe presentado en septiembre pasado que denunció serias irregularidades en la investigación.
En esta gira de trabajo por México tras casi 20 años sin pisar el país, la CIDH constató “en terreno” que la nación afronta “una grave crisis de derechos humanos”.
México vive “caracterizada por una situación extrema de inseguridad, violencia y graves violaciones. En especial, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura”, afirmó la presidenta.
Ello, con “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada” a víctimas y familiares, agregó.
Sin embargo, desde el Gobierno afirmaron que la visita de cinco días de la CIDH, en la que participaron varios comisionados que se reunieron con instituciones públicas, asociaciones civiles y víctimas de seis estados, no “refleja la situación general del país”.
La presidenta de la CIDH habló de la “alarmante” desaparición de personas -más de 22,000 en los últimos ocho años- y la “existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado” o con su aquiescencia.
Asimismo, la impunidad judicial es de carácter “estructural”, lo que lleva a “perpetuar” las violaciones de derechos humanos, denunció la presidenta en este acto que contó con una gran presencia de medios nacionales y extranjeros.
Para muchas víctimas, afirmó la CIDH, el ejercicio de la justicia es una “simulación” que prueba la “brecha entre el andamiaje legislativo y judicial”.
Este organismo autónomo, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), mostró también preocupación por ejecuciones extrajudiciales como la registrada en junio de 2014 en Tlatlaya, en Estado de México, o el caso de Tanhuato, en el occidental estado de Michoacán, donde murieron 42 presuntos criminales.
En esta misión, Antoine estuvo acompañada del primer vicepresidente, James Cavallaro, los comisionados Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, además del secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, entre otros.
Lanza calificó hoy de “situación de emergencia” la realidad de los periodistas en México, tras constatar un ascenso de las agresiones, amenazas y asesinatos.
Y si bien valoró positivamente iniciativas como la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en junio de 2012, instó a que se implementaran las medidas adecuadas para que se cumpla.
Campa respondió: “Hemos mejorado de manera sustancial la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, bajo un mecanismo que hoy protege de manera efectiva a 463 personas”.
Tras reunirse con funcionarios y legisladores, la CIDH agradeció finalmente la predisposición del Ejecutivo mexicano por permitir la visita al país y se ofreció a “seguir colaborando” para “fortalecer el Estado”.
Esta controversia entre Gobierno y CIDH recuerda a la acontecida meses atrás en torno a la palabra “generalizada” que utilizó el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, para calificar la situación en México.
Durante semanas, el Gobierno se empeñó en descalificar al relator, llegando a acusarlo de ser poco riguroso y de faltar a su código de ética.