Este martes entran en vigor las directrices que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá cumplir para investigar presuntos casos de tortura.
En el Acuerdo A/085/15, publicado este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establecen las directrices para la aplicación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El denunciante deberá dar su consentimiento para ser sometido al Dictamen. De no aceptar, y en caso de que tampoco se someta a las pruebas necesarias de los médicos y psicólogos que elija, la decisión deberá quedar asentada en el expediente.
Para aplicar el Dictamen el agente del Ministerio Público de la Federación deberá solicitar la designación de un grupo multidisciplinario compuesto por peritos en medicina y psicología, y, de ser necesario, de fotógrafos, para el Dictamen Especializado.
También establece que a la presunta víctima se le deberá informar sobre el propósito del examen, la naturaleza de la evaluación, la forma en que se utilizará y protegerá la información, y la posibilidad de otorgar o negar su consentimiento para hacer la entrevista, que deberá realizarse de manera individual y privada.
De acuerdo con el documento, se deberá notificar inmediatamente a la Visitaduría General cuando el Agente del Ministerio Público Federal sepa que el probable responsable es algún funcionario de la PGR.
A su vez, aquella debe informar a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos a fin de iniciar su investigación.
En caso de que el posible acto de tortura se atribuya a servidores públicos de otras áreas de la Administración Pública Federal, las Fuerzas Armadas, Poderes de la Federación u organismo autónomo, se deberá notificar de inmediato a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
El acuerdo establece que será la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales la que inicie y determine la investigación correspondiente.
Además, en todos los casos el representante social debe avisar a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.