A pesar de que entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, militares del 27 Batallón de Infantería presenciaron los primeros ataques a los normalistas y recabaron testimonios de los estudiantes sobre la agresión de la Policía de Iguala con armas de alto poder, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó interrogatorios genéricos a los soldados y omitió cuestionarlos sobre el paradero de los 43 desaparecidos o su supuesta incineración en el basurero de Cocula.

 

Mediante la Ley General de Transparencia, 24 HORAS obtuvo las declaraciones ministeriales de 37 militares -34 de tropa y tres mandos- que prestaron servicio durante el 26 y 27 de septiembre en Iguala. Según la investigación de la PGR, policías de ese municipio, ubicado en Guerrero, entregaron a sicarios del cártel Guerreros Unidos a 43 estudiantes a quienes incineraron en un río de Cocula.

 

Los interrogatorios a los militares se realizaron entre el 3 y 4 de diciembre de 2014, es decir, 25 días después de que el ex procurador Jesús Murillo Karam revelará la llamada “verdad Histórica”, la cual, concluye que los normalistas fueron incinerados porque fueron confundidos con un cártel rival denominado Los Rojos.

 

Las declaraciones ministeriales, en poder de este diario, indican que la PGR omitió cuestionar a los militares sobre la “verdad histórica” y la mayoría de interrogatorios se basaron en seis preguntas básicas: cuánto tiempo llevan destacados en el Batallón; qué actividades realizan en la milicia; las instrucciones recibidas el 26 y 27 de septiembre y de qué mando; cuál es el protocolo a seguir cuando existe una denuncia anónima o del C4; quién les dio la indicación de no apoyar a los normalistas de Ayotzinapa y cómo se enteraron del destino de los estudiantes.

 

A las preguntas relacionadas directamente con el ataque a los estudiantes, la totalidad de los militares respondieron que nadie les ordenó no apoyar a los normalistas y también que se enteraron al siguiente día, por los medios de comunicación, que 43 estudiantes estaban desaparecidos.

 

De los 37 interrogatorios, la PGR sólo pregunto a dos militares sobre la actividad del narcotráfico en la región. A un mando castrense, quien estaba al frente de la Fuerza de Reacción que fue la primera en llegar a las escenas del crimen del ataque al equipo de futbol Los Avispones y a los tres autobuses de los normalistas; y a un soldado que recibió a la entrada del Batallón la denuncia de personas armadas.

 

“¿Qué nos diga que si derivado de sus funciones tiene conocimiento de una organización delictiva que opere en el municipio de Iguala?

 

Tengo conocimiento que la organización Guerreros Unidos es la que opera en esta zona, he tenido conocimiento que son responsables de diversos delitos como secuestros, homicidios, robos y otros”, respondió el mando militar a la PGR.

 

Incluso, la PGR recabó un testimonio de un militar adscrito a labores de inteligencia, el cual, fue enviado de civil y en una motocicleta particular a monitorear los primeros enfrentamientos entre normalistas y policías de Iguala.

 

El militar encubierto señala en su declaración que habían seis camionetas de municipales encapuchados, “los últimos llegaron más agresivos y aventaron granadas lacrimógenas por la ventanillas del autobús, empezaron a bajarse los jóvenes y los policías municipales le gritaban ‘si no se bajan, les va ir peor’, me percaté que los estudiantes que bajaban del camión los esposaban, de forma agresiva los tendían al piso, y como recibí la instrucción de que no me arriesgara mucho, opté por retirarme del lugar”.

 

Al militar que presenció cuando los normalistas eran detenidos por los policías municipales, y que incluso en su declaración dijo que entregó fotografías a su mando sobre cómo sometieron a los estudiantes, la PGR, según la declaración en poder de 24 Horas, no le realizó ningún cuestionamiento.

 

Otro comandante, quien iba al frente de la Fuerza de Reacción que llegó al Hospital Cristina, declaró ante la PGR que entrevistó a un estudiante de la normal de Ayotzinapa y éste le dijo: “que habían sido objeto de una agresión con armas de fuego por parte de la policía municipal y que había sido lesionado una de sus compañeros con arma de fuego en el labio”.

 

A este mando militar, que recibió la denuncia de voz de los normalistas sobrevivientes minutos después de las 1:00 de la mañana del sábado 27 de septiembre, cuando según la “verdad histórica”, los 43 estudiantes eran incinerados en el basurero de Cocula, la PGR se limitó a preguntarle quién del personal bajo su mando cuidaba la puerta de acceso al Batallón y si bajo sus órdenes estaban los militares adscritos al C4.

 

Ninguno de los 37 interrogatorios entró al detalle del porqué los militares recibieron la orden de retirarse a sus instalaciones a pesar de que habían recibido denuncias directas sobre la agresión, e incluso, presenciado parte de los hechos.