El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez (Centro Prodh) alertó que el caso Tlatlaya podría quedar impune ante la liberación de cuatro militares involucrados en la masacre ocurrida el 30 de junio de 2014.
La resolución del juez federal, denuncia la organización civil, muestra que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial de la Federación no han garantizado el acceso a la justicia de las víctimas y no exonera al ejército de su responsabilidad en los hechos.
A través de un comunicado precisó que la resolución no ha sido notificada a Clara Gómez González, conocida como la testigo “Julia”, en una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima tanto en el fuero civil como en el fuero militar.
Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, el Centro Prodh recordó que tres elementos del Ejército mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria.
Los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que apelará la libertad de las cuatro personas implicadas en los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
En el marco de la división de competencias y atribuciones entre las instancias de procuración y administración de justicia, la PGR tomó conocimiento de la resolución del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con relación al auto de libertad en favor de estas cuatro personas.