Ayer, a través del Diario Oficial de la Federación se dieron a conocer los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública en los cuales se destacan los cinco ejes estratégicos en los que se basarán los programas vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demás recursos federales que se otorguen a los estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal en materia de seguridad.
Entre los programas que destacan se encuentran: el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes; Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, así como la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas.
En lo referente al fortalecimiento del sistema penitenciario, el Acuerdo 09/XXXVIII/15 establece la conformación de un plan que fortalezca al sistema en seis principales acciones: la consolidación de un Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP); la estandarización de la operación bajo protocolos homologados que consoliden criterios de seguridad, organización y funcionamiento.
Creación de un Sistema de Desarrollo Profesional Penitenciario que establezca la carrera penitenciaria, así como esquemas de profesionalización; el diseño e implementación de un modelo para la certificación de penales federales y estatales; elaborar un Programa Integral para la Reinserción Social; y la revisión, y en su caso, elaboración de las propuestas normativas que permitan actualizar el funcionamiento de los centros penitenciarios, los criterios de prevención y reinserción social, así como los ajustes necesarios.
Respecto a las atribuciones del Comité Evaluador del Sistema Penitenciario se prevé su participación en la elaboración del diagnóstico que se realizarán de manera inicial y periódicamente al sistema penitenciario nacional, diseñar el modelo de evaluación de la política penitenciaria, y la metodología para la certificación de centros federales, estatales y municipales, proponer adecuaciones a los protocolos de actuación y administración penitenciaria, así como al Sistema de Desarrollo Profesional Penitenciario, así como elevar acuerdos al pleno de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
Entre otros acuerdos, el Consejo aprobó también una nueva metodología para el registro y reporte de la incidencia delictiva; los protocolos homologados de Investigación de Desaparición Forzada y Tortura, y el proyecto de reforma legislativa para establecer el Sistema Nacional de Llamadas de Emergencias.