Cuatro soldados que habían sido acusados de participar en el homicidio de 22 presuntos delincuentes, 15 de ellos asesinados extrajudicialmente, recibieron auto de libertad por parte de un juez.
Uno de los argumentos para la decisión fue que a la Procuraduría General de la República (PGR) le faltó notificar a los indiciados quién los acusaba.
Además, otra irregularidad denunciada fue que la PGR no permitió que los militares acusados por el delito de ejercicio indebido del servicio público pudieran ver a sus abogados, revelaron fuentes judiciales consultadas.
Por este motivo, los procesados impugnaron el auto de formal prisión en su contra ante el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México.
El delito del que fueron acusados por el Agente del Ministerio Público Federal no es considerado grave y este lunes recibieron auto de libertad los militares del 102 Batallón de Infantería por parte de Rubén Dario Noguera Gregoire, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales del DF.
Los soldados Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez fueron procesados el 11 de noviembre de 2014, pero a través del Tribunal Unitario se resolvió dejar insubsistente el dictamen y emitió la orden de que se volviera a definir su situación jurídica.
Por otro lado, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides quedaron sujetos a proceso penal por los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, ilícitos considerados graves y que no alcanzan libertad bajo caución.
Sin embargo, los siete elementos castrenses involucrados están sujetos a un proceso en la Procuraduría Militar acusados del delito de desacato, por lo que permanecen privados de su libertad en el centro de reclusión del Campo Militar Número 1-A. Dicho ilícito no es grave y tienen derecho a enfrentar su proceso en libertad.
Se prevé que la PGR apele la decisión del juez en contra de los beneficiados porque no están exonerados y se dé seguimiento al proceso penal.
“Los siete militares detenidos por el Ejército y puestos a disposición del fuero civil apelaron la formal prisión ante un juzgado unitario de distrito y el miércoles decretó su libertad y ordenó a un juez federal determinar su situación en 72 horas. Estas se cumplieron el viernes y el juez federal decretó la libertad de cuatro de los siete militares, porque no encontró una sola prueba de su participación en la ejecución”, explicó el penalista Juan Velásquez en entrevista para Radio Fórmula.
El pasado 7 de noviembre, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó auto de formal prisión en contra de siete militares.
Los hechos ocurrieron en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, donde perdieron la vida 22 civiles, la mayoría, presuntamente, cuando ya se habían rendido, a manos de soldados.