El Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro (Centro Prodh), manifestó su desacuerdo con la exoneración que un sector de la opinión pública quiere darle al Ejército Mexicano por el caso Tlatlaya, pues si bien fueron puestos en libertad cuatro de los siete militares implicados, aún hay tres quienes siguen detenidos, lo cual muestra una responsabilidad institucional que debe ser castigada.
“Los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento”, dijo la ONG en comunicado.
El Centro Prodh es el representante legal de Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia, sobreviviente de los hechos del 30 de junio de 2014, donde 22 presuntos delincuentes y un militar murieron durante un enfrentamiento.
Por eso, llamó a las autoridades que imparten justicia en México a no dejar impune el hecho, que según la testigo Julia, se trató de una ejecución extrajudicial.